El blanqueo de capitales puede entenderse como la conversión de dinero sucio en dinero limpio para ocultar su origen ilícito reinvirtiéndolo en actividades lícitas.

Los historiadores coinciden en que el fenómeno de blanqueo de dinero se originó en las lavanderías de Chicago invertidas por Al Capone para legalizar los beneficios de sus actividades ilícitas. Para ello se utilizan numerosos procedimientos, como las empresas de fachada, la facturación falsa, las transferencias electrónicas de fondos o el uso de sistemas bancarios paralelos al sistema tradicional, como el sistema Hawala en la India.

Sin embargo, cada legislación nacional tiene su propia definición de blanqueo de capitales. Por ejemplo, en el Código Penal suizo, se considera blanqueo de capitales todo acto “que obstaculice la identificación del origen, el descubrimiento o la confiscación de bienes que sabía o debía presumir que eran producto de un delito o de una infracción fiscal cualificada” (Código Penal suizo, 1937, art. 305bis). En Colombia, en cambio, es toda conducta encaminada a “adquirir, conservar, invertir, transportar, transformar, almacenar, conservar, custodiar, dar apariencia de legalidad, ocultar la verdadera naturaleza, ubicación o movimiento de los bienes” provenientes de cualquier fuente de delito (Código Penal Colombiano, 2000, art. 323). Dado el carácter transnacional de este fenómeno, estas diferencias son un aspecto especialmente destacado para comprender y gestionar el blanqueo de capitales. Como señala Stessens (2004): “La variedad de leyes nacionales sobre el blanqueo de capitales en cuanto a la gama de delitos subyacentes puede obstaculizar la cooperación internacional debido a la falta de doble incriminación”.

Más allá de estas cuestiones jurídicas, los trabajos en Ciencia Política y Economía resaltan las cuestiones conceptuales propias de estas definiciones. Por ejemplo, Unger et al (2006) explican que algunas definiciones no especifican las acciones que constituyen el fenómeno, describiéndolo como un “proceso” o “acción”, mientras que otras mencionan específicamente las actividades que lo constituyen. Algunas definiciones limitan el blanqueo de capitales al dinero, es decir, a los intercambios monetarios, mientras que otras lo amplían a los bienes y productos, y por tanto a todo el circuito del mercado. El blanqueo de dinero se considera a veces una actividad delictiva, a veces simplemente ilegal. Por tanto, la intensidad de su dimensión reprobable puede variar considerablemente. Esto también explica las grandes diferencias en las estimaciones de la cantidad de dinero blanqueado realizadas por las organizaciones internacionales, así como en la magnitud de los problemas. Por tanto, el problema no se limita al blanqueo de dinero como tal, sino que se extiende a otras cuestiones, como las economías ilegales, los esfuerzos de los gobiernos por mitigarlas o el terrorismo y el narcotráfico, causando múltiples efectos económicos, políticos y sociales.

Desde una perspectiva económica, De la Torre Lascano (2019) señala que el blanqueo de capitales tiende a provocar una competencia desleal entre las empresas “honestas” y las “deshonestas”, acentúa la distorsión de los precios, afecta negativamente a la inversión y, en última instancia, conduce a la exclusión de las empresas “honestas”, es decir, quienes no se prestan para estas prácticas. Por ejemplo, para De la Croix y Delavallade (2007), los esfuerzos para combatir la corrupción aumentan el gasto militar y de seguridad pública a costa de la educación y la salud. Además de su dimensión económica, el blanqueo de capitales es un problema político y de seguridad, sobre todo porque se utiliza para financiar organizaciones terroristas y para legalizar el producto del tráfico de drogas, el contrabando de armas y los secuestros para pedir rescate. Según las Naciones Unidas, el blanqueo de dinero puede incluso contribuir a la propagación de armas nucleares, radiológicas, químicas o biológicas. En cualquier caso, el blanqueo de dinero es una amenaza para la integridad democrática. Los políticos de todo el mundo lo utilizan para su enriquecimiento personal y la financiación de sus campañas, y abre la posibilidad de que los delincuentes se conviertan en funcionarios de alto nivel. Este fue el caso de Colombia durante las elecciones presidenciales de 1994, en las que el candidato Ernesto Samper utilizó dinero del narcotráfico para financiar su campaña y finalmente resultó elegido (Caballero Argáez & Pizano Salazar, 2014).

Según Paradise (1998), un enfoque de economía política internacional ayuda a comprender la complejidad alrededor del blanqueo de capitales. Permite pensar en la articulación entre los niveles de análisis nacional e internacional, evitando diferenciar entre las esferas política y económica, tan estrechamente entrelazadas en este tipo de fenómenos.

El blanqueo de capitales es un problema que afecta fuertemente al sistema financiero internacional. Su globalización favorece la circulación de dinero sucio, especialmente al transitar por países donde la legislación es más débil. Igualmente, la globalización también facilita la comunicación entre los blanqueadores de dinero, que pueden repartir las transacciones entre un mayor número de jurisdicciones para dificultar su seguimiento. Al igual que el propio fenómeno, la lucha política contra el blanqueo de capitales se despliega a escala transnacional. Han surgido diversos foros de cooperación mundial, como el Programa Mundial de las Naciones Unidas contra el Blanqueo de Capitales, iniciativas lideradas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Grupo de Acción Financiera Internacional, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Interpol y otros tanto gubernamentales como no gubernamentales. No obstante, cabe preguntarse “a quién beneficia” el blanqueo de capitales o su erradicación, y por qué los gobiernos tienen interés en combatirlo.

Por un lado, la lucha contra el blanqueo de capitales beneficia a los gobiernos y a las autoridades nacionales. En efecto, según la Organización de Estados Americanos, los crecientes índices de criminalidad, en los que el lavado de dinero tiene un efecto definitivo, aumentan la percepción de inseguridad de los ciudadanos, sobrecargan el sistema de administración de justicia e incrementan la impunidad (OEA, 2018). Por ello, los organismos gubernamentales tienen interés en combatir este fenómeno. Por ejemplo, al combatir agresivamente este delito, ganan credibilidad política, apoyando los objetivos electorales de los gobernantes. Además, tendrá efectos positivos en la economía, ya que las transacciones legales contribuyen a sus obligaciones fiscales, lo que en última instancia fortalece al Estado. Sin embargo, porque les beneficia, los Estados pueden patrocinar el comercio ilícito. Para Peter Andreas (2004), esto explica, por ejemplo, la larga resistencia de Suiza a la flexibilización de las leyes de secreto bancario, que fomentaban el uso del sistema bancario del país para la evasión de impuestos.

Por otro lado, según Caroline Liss y J.C Sharman (2014), además de las autoridades públicas nacionales, las empresas privadas transnacionales se encargan de la lucha contra el blanqueo de capitales. De hecho, el carácter transfronterizo de este tipo de delitos limita la aplicación de la ley por parte de los Estados, y al tiempo que ofrece nuevos mercados para los servicios de seguridad. Las empresas de seguridad, especialmente las empresas militares y de seguridad (EMSP), están motivadas por el beneficio económico que obtienen. En otras palabras, estas empresas son contratadas por otras empresas privadas para proporcionar seguridad contra el blanqueo de capitales y, por tanto, tienen un papel clave en la lucha contra el blanqueo de capitales. Por lo tanto, una perspectiva de economía política internacional también resulta esclarecedora para comprender el entramado de actores que luchan contra el blanqueo de capitales.

Barnabe Fournier

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