La contaminación marítima es una cuestión ambiental que se descuida con demasiada frecuencia. Ya sea que esté relacionado con la fauna o flora marina, los efectos de la contaminación pueden medirse hasta el fondo de nuestros océanos, lagos y ríos y desestabilizar profundamente sus ecosistemas.

La contaminación marítima está en el núcleo de los debates internacionales contemporáneos y abarca cuestiones políticas, económicas y de derecho penal. En la Cumbre de la Tierra, celebrada en Estocolmo en 1972, se definió que los Estados deben tomar todas las medidas posibles para prevenir la contaminación del mar [por sustancias que pueden poner en peligro la salud humana, perjudicar los recursos biológicos y la vida de los organismos] (Kiss y Sicault, 1972). En caso de incumplimiento de esta cláusula, los Estados se enfrentarían a una sanción legal, ya que el derecho penal ha elevado la preservación del mar al rango de un valor protegido por penalización (Monteiro, 2010).

Cada año, 8 millones de toneladas de diversos productos contaminan las aguas del mundo. La contaminación accidental, que se refiere a la contaminación causada por naufragios, representa sólo el 2,5% de la contaminación marina total. Por lo demás, no solo los hidrocarburos, sino también una amplia gama de detergentes, productos químicos y diversos aceites son los que contaminan casi legalmente más allá de las Zonas Económicas -Exclusivas, debido a que las descargas en mares abiertos pueden llevarse a cabo siempre que no se superen ciertas normas. La fauna marina se expone a niveles nocivos de contaminación y las especies se asfixian. De hecho, la cantidad de desechos sólidos no biodegradables que hoy flotan en los mares es tan exorbitante, que se han formado “islas de plástico”, y la mayor de ellas es -irónicamente- conocida como el “séptimo continente”, situado frente al Océano Pacífico (Buchet, 2009).

No obstante lo anterior, la contaminación marítima y su legislación internacional son cuestiones complejas, en particular, debido a la desigual distribución de los recursos y al orden de las prioridades estatales, así como de sus las responsabilidades (Lebel, 2009). Los procesos políticos relativos a los reglamentos penales de la contaminación marina siguen procedimientos muy prolongados y establecen tres formas de reglamentación; prevenir, remediar y considerar los poderes jurisdiccionales de las normas para el control de la contaminación marítima internacional. El problema principal es que los Estados no tienen acceso a los mismos recursos, tienen intereses diferentes y, por lo tanto, no constituyen un frente común cuando se trata de gobernanza internacional. Así pues, “el sistema es una fuente de conflicto porque los países desarrollados y en desarrollo no pueden acordar prioridades y establecer un consenso” (Lebel, 2009:243).

Con la aparición de nuevos retos globales, es hora de preguntarse si la estructura internacional tradicional de los estados-nación ideada por los realistas es capaz de responder a estas nuevas emergencias ecológicas. Los Estados ya no pueden considerarse como actores unitarios sino como actores transnacionales, junto a los cuales se encuentran ahora actores no gubernamentales y privados cuyos intereses son parte integrante de las cuestiones internacionales. Los problemas ambientales deben ser enmarcados entonces por una organización internacional que se vea a sí misma como el resultado de las relaciones y la colaboración entre grupos e instituciones intergubernamentales y transgubernamentales. Las relaciones diplomáticas se convierten entonces en coaliciones potenciales que son las únicas que pueden crear leyes internacionales específicas (M’gonigle y Zacher 1981).

La contaminación marítima se convierte entonces en un problema que afecta tanto a las comunidades locales como a la sociedad global, debido a que concierne a las grandes empresas así como a muchos otros agentes no gubernamentales, por lo que la búsqueda de una solución viable requiere una serie de políticas y prácticas en todos los niveles. En este sentido, la gobernanza mundial representa un desafío para abordar eficazmente los problemas de la contaminación marina (Chang, 2012). Además, los actores no estatales tienen más que un papel de observador, en tanto participan activamente en la supervisión y aplicación de las medidas que deben aplicarse. Esta multiplicidad de actores, desde las organizaciones ambientales de la sociedad civil hasta las compañías petroleras, genera una amalgama de intereses diversos (Bäckstrand et al., 2017).

Para comprender mejor el papel desempeñado por los diversos actores involucrados en la contaminación de los océanos, una cuestión que vale la pena revisar es el de la “gobernanza global medioambiental” (Newell, 2012). Esta forma de problematizar la contaminación de los océanos lleva a la idea de que la gobernanza ambiental mundial reconoce que los Estados o las organizaciones ambientales son los que tienen más probabilidades de ser responsables del cuidado y la legislación ambiental. Sin embargo, las grandes empresas pueden representar una amenaza para las iniciativas de política ambiental. Por lo tanto, un cambio real en la gestión de cuestiones como la contaminación marina requiere la colaboración de todos los actores de la economía mundial. La perspectiva de economía política es útil para abordar los problemas ambientales, cuyas soluciones deben ser transnacionales y capaces de explorar las dinámicas que se cruzan dentro de los Estados, teniendo en cuenta también a las empresas. La propuesta de Newell revela los vínculos inexorables que existen entre el Estado y la gobernanza del medio ambiente, por un lado, y la organización de la economía política global, por el otro.

En octubre de 2018, el Compromiso Global para la Nueva Economía de los Plásticos es ratificado en Bali por 250 organizaciones[1], apoyadas por ONU Medio Ambiente, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y el Foro Económico Mundial. El objetivo de este comité es crear un nuevo estándar para la producción y gestión de envases plásticos [de un solo uso], por lo que es necesario que las grandes empresas, así como los pequeños empresarios, se comprometan a abandonar el statu quo de la producción plástica. Si bien los plásticos de un solo uso están sujetos a la legislación, no son los únicos, se están celebrando muchas conferencias para reunir a organizaciones y redes con el fin de avanzar en la regulación de muchos contaminantes como los llamados desechos sólidos, los gases producidos por el tráfico marítimo comercial e industrial, la perforación y extracción de petróleo, la sobrepesca, entre otros (ONU, 2018; Schnurr et al. 2019). Se necesita más que la voluntad política o el compromiso de la sociedad civil para combatir la contaminación marítima. Es necesario que los Estados, las grandes empresas y los pequeños empresarios se comprometan a abandonar el enfoque del statu quo en la producción de plásticos, que es la principal amenaza para la supervivencia del medio marino.

[1]   (Entre ellos se encuentran los mayores productores de envases de plástico del mundo, muchas empresas, minoristas, recicladores, algunos gobiernos y varias ONGs).

Jessica Klötzli

Özlem Ince

Alexandra Pérez

Catalina Sánchez Montoya

Milena Sarralde

Matthieu Volet

Les textes sont mis à disposition selon les termes de la Creative Commons Non-Commercial License.