La delincuencia transnacional es un problema que dista mucho de ser reciente, pero al que los Estados actuales tratan de responder mediante organizaciones internacionales y mecanismos de reglamentación que evidencian el deseo de cooperación internacional en la materia.

La delincuencia transnacional se apoya en redes criminales organizadas, que operan en más de un Estado; están cuidadosamente preparadas, sus delitos son variados y sus ganancias se suelen blanquear. Las principales actividades relativas a la delincuencia transnacional adoptan muchas formas y varían según los contextos, las regiones y los tiempos. Estas prácticas ilícitas implican intercambios internacionales entre dos o más socios que, con o sin la garantía de actores y/o instituciones estatales, transgreden la normativa nacional. Nicolás Queloz identifica la acción delictiva a nivel internacional según tres criterios: los ataques -posiblemente violentos- contra personas y bienes, la organización de tráficos ilícitos altamente rentables (falsificación, tráfico de drogas, tráfico de armas, etc.) y la delincuencia económica y empresarial- por ejemplo, estafa, fraude, corrupción y lavado de dinero (Queloz, 1999). La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional (COT), firmada en Palermo en 2000 y que entró en vigor en el 2003, define con precisión los delitos de carácter transnacional en los que pueden participar grupos delictivos; entre ellos figuran la participación en un grupo delictivo organizado, el lavado del producto del delito, la corrupción y la obstrucción de la justicia. Tres protocolos adicionales completan la lista con la trata de personas, especialmente la de mujeres y niños, el tráfico de migrantes y la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego. Estos instrumentos también establecen el marco de la cooperación internacional para combatir estos delitos.  A pesar de los esfuerzos de cooperación de los gobiernos, muchos factores, incluida la globalización, siguen haciendo posible la delincuencia transnacional. Es importante señalar que los estudios sobre este tema plantean un problema relacionado con la falta de datos empíricos fiables (Mittelman y Johnston, 1999). Es evidente que las organizaciones delictivas son reacias a revelar información sobre sus actividades políticas y económicas. Las pocas fuentes de las que disponemos provienen de otros métodos. Como resultado, la delincuencia transnacional queda al margen de la investigación en la economía política internacional y su análisis suele seguir siendo demasiado periodístico, obstaculizado por datos poco fiables cuya recopilación puede ser peligrosa para los investigadores (Friman, 2001).

La delincuencia transnacional se remonta a la época del contrabando, tal como lo practicaba la mafia italiana en el siglo XIX y las primeras tríadas chinas en el siglo XVII. Incluso se puede considerar que ha estado siempre presente en toda la ecúmene en varias formas dependiendo del tiempo y del lugar (Koutouzis & Perez, 2012). Sin embargo, esto tiende a adquirir mayor importancia con la aparición de la globalización y de los intercambios económicos y financieros entre los diferentes actores (no) estatales. En efecto, las medidas liberales adoptadas para promover la globalización proporcionan un marco oportuno para la creación de organizaciones delictivas transnacionales (Clapp et al., 1999). Así pues, estos acontecimientos han traído consigo nuevos medios y técnicas para ocultar los ingresos de origen ilícito e invertirlos en la economía legal. Generalmente, estas organizaciones, a través de sus actividades depredadoras, buscan ejercer su poder en uno o más territorios determinados con el fin de aumentar su volumen de negocios maximizando sus ganancias.

Robert Cox (2002) señala que estas actividades ilícitas, que en ocasiones son visibles, a menudo se ocultan o se suprimen de la conciencia humana. Este utiliza la metáfora del “mundo encubierto” para referirse a esto. Sin embargo, en este sistema internacional, el carácter “ilícito” de la delincuencia transnacional, que genera grandes beneficios, permite que algunos Estados y organizaciones privadas se distingan de los que realizan actividades lícitas en el mercado globalizado. En cierto modo, la economía ilícita parece tener un valor económico considerable para los agentes no estatales y los propios Estados. Cabe señalar también que puede existir una forma intrínseca de “asociación” (in)voluntaria entre una organización delictiva y un Estado. A modo de ejemplo, podemos ilustrar la venta de armas de Arabia Saudita al Estado islámico, o a ciertos Estados como Panamá, que alberga a grandes empresas extraterritoriales. No obstante, esta relación ilícita debe ser analizada con cierta objetividad para comprender los vínculos recíprocos que estas dos dimensiones cultivan mutuamente en un marco internacionalizado.

Según la economista política internacional Susan Strange (1996), esta configuración económica y política está parcialmente fuera del control de los estados. Para ella, los oligarcas internacionales monopolizan la riqueza mundial e imponen su visión política liberal a otros estados. Esta señaló que el poder se estaba extendiendo de los actores estatales a los no estatales y, específicamente, a los mercados globalizados. En otras palabras, las “zonas grises”, en las que las instituciones legítimas no tienen un control legítimo, son un caldo de cultivo para la gobernanza criminal (Minassian, 2011). Por consiguiente, los Estados tratan de tener una posición central y vinculante frente a estos desafíos económicos de la delincuencia internacional. Sin embargo, esto no es evidente para los defensores del neoliberalismo, para quienes la intervención del Estado debe ser lo más limitada posible en términos económicos y políticos. De acuerdo con esta corriente, el mercado se caracteriza por un mecanismo natural, que genera espontáneamente equilibrio, estabilidad y crecimiento económico. Entendido de esta manera, las intervenciones gubernamentales pueden ralentizar y paralizar el concepto económico de “laissez-faire”. No obstante, detrás de esta filosofía liberal existe, pues, el riesgo de dejar cierto margen de maniobra a las entidades clandestinas que alimentan la delincuencia transnacional. En conclusión, las consecuencias de la delincuencia transnacional, impulsada por un marco ilegal, son muchas. Se puede observar un impacto negativo en la vida política, económica, social (Vieille, 1988) y ecológica (Manirabona, 2014). Para comprender este fenómeno, la separación disciplinaria de la política y la economía no parece ser relevante. En tanto, el enfoque de la economía política internacional nos ofrece una mejor comprensión porque es más holístico y arroja luz sobre las complejas relaciones entre los diferentes agentes políticos y económicos que participan en actividades lícitas y/o ilícitas en un sistema internacionalizado y globalizado.

Tatianna A. Bonillas

Z. Ivan O. Cajamarca

Gaetan Deletroz

Sergio A. Londono

Simon Roquet

Samson Yemane      

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