El conflicto armado interno se refiere al uso persistente de la violencia armada entre el Estado y uno o más grupos armados organizados en su territorio y que desafía el monopolio de la violencia legítima de un Estado. A pesar de que puede estar restringido a porciones limitadas del territorio, este tipo de conflicto sigue siendo devastador.

Los conflictos armados internos, también nominados como guerras civiles, se caracterizan por la intervención del estado y el nivel de violencia que alcanzan. El marco de un enfoque de Economía Política Internacional muestra cómo las variables políticas y económicas convergen a menudo para la constitución de las hostilidades. Estas se pueden agrupar en tres grandes ejes: racionalidad y motivaciones de los combatientes, financiación de los conflictos armados y recursos naturales (Guáqueta, 2002). Esto permite comprender las relaciones de poder que inciden en la concentración de la riqueza superando los estudios clásicos basados en la elección racional. En otras palabras, se analiza y se tiene en cuenta la importancia del músculo económico y militar de los actores, el impacto de los recursos naturales en términos de saqueabilidad y las motivaciones y oportunidades económicas de los agentes que intervienen.

Un conflicto armado interno es definido como una situación de violencia que tiene lugar dentro del territorio de un Estado, que implica enfrentamientos armados prolongados entre las fuerzas gubernamentales y uno o más grupos armados no estatales (Lawand, 2012). Estos actores actúan con el objetivo de generar patrones de orden, no sólo dentro de las instituciones del Estado, sino también fuera de ellas y, por ende, en diferentes niveles (Cerny y Pichard, 2017). En esta magnitud, los sectores económicos afectados por las dinámicas del conflicto interno están atravesados por redes complejas que dan cuenta de fenómenos sociales en los que existen relaciones de poder, vínculos territoriales, étnicos e incluso religiosos. Sin embargo, es importante aclarar cuándo la violencia aparece como un conflicto interno, así como diferenciar entre los que participan en la violencia y los que sufren sus efectos (Bernard, 2011). El concepto de conflicto armado interno debe analizarse a la luz del artículo común de los Convenios de Ginebra de 1949 y el Artículo 1 del Protocolo adicional II de 1977 (Vité, 2009), aunque en realidad, los conflictos armados no son tan claramente definibles como lo son en las categorías jurídicas. Además, algunos no se ajustan a ninguno de los conceptos previstos por el derecho internacional humanitario.

Es importante tener en cuenta que “los conflictos armados plantean una serie de riesgos para el crecimiento económico y el desarrollo de un país”, dado que “la inseguridad y la debilidad de las fuerzas del orden pueden amenazar los derechos de propiedad y obstaculizar la actividad económica” (Mueller y Tobias, 2011). Especialmente, “en contextos en los que las instituciones son débiles, los países pueden quedar atrapados en repetidos ciclos de violencia que obstaculizan el desarrollo económico” (Mueller y Tobias, 2016). De hecho, los conflictos políticos internos afectan la forma en que un estado actúa, así como sus relaciones con otras naciones.

El caso colombiano es un ejemplo de cómo la ofensiva militar viene acompañada de ataques a la base financiera de los grupos armados denominados como ilegales. El “Plan Colombia”, es un acuerdo suscrito entre Estados Unidos y Colombia cuando Bill Clinton y Andrés Pastrana estaban en el poder en 1999. Este permitió la inyección de dinero extranjero e inteligencia militar en Colombia, con el objetivo de ayudar al Estado en su lucha contra los grupos armados ilegales (considerados “narcoterroristas”). Hechos históricos, como los acontecimientos políticos mencionados, han contribuido a legitimar el discurso de grupos extremistas o movimientos radicales que han luchado de frente contra el Estado. Esto se debe a que se articulan en nombre de ideologías nacionalistas o etno-nacionalistas entendidas como una búsqueda y defensa de una identidad propia (Molina y Oiarzabal 2009). Así, estos movimientos adoptan una postura sumamente crítica frente al modelo de Estado-nación, que, según ellos, mantiene y promueve las desigualdades en América Latina. Una perspectiva de economía política internacional sobre el caso colombiano demuestra así que: “si se diagnostica que los rebeldes son meros mercenarios en busca de lucro, disfrazados de víctimas sociopolíticas, habrá motivos para legitimar un enfrentamiento militar y judicial contra estos supuestos bandidos”. En consecuencia, los programas para mejorar la administración pública y el desarrollo económico se considerarán menos importantes (Guáqueta, 2002), porque se centra en el conflicto armado interno y no en el desarrollo económico y social (Guáqueta, 2002).

Así pues, en un enfoque de EPI, el estudio de los conflictos armados internos se centra en la dimensión económica de la guerra. Este da cuenta de las implicaciones concretas sobre la forma en que las organizaciones internacionales y los Estados responden a los conflictos armados y, por lo tanto, permite evaluar en qué medida los conflictos armados se vuelven negociables cuando una de las partes deja de beneficiarse de ellos. Esto da lugar a determinados tipos de políticas y luego ayuda a mantenerlas.

Tatianna A. Bonillas

Z. Ivan O. Cajamarca

Gaetan Deletroz

Sergio A. Londono

Simon Roquet

Samson Yemane

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