Los desechos electrónicos son un nuevo problema transfronterizo que surge tras la profundización del consumo de productos de alta tecnología, el cual supone un reto para la construcción de regulaciones sobre residuos peligrosos para el medio ambiente y la salud.

Desde los años noventa, la revolución digital elevó la producción masiva de dispositivos, impresoras, teléfonos inteligentes y, en general, productos electrónicos con ciclos de vida limitados. Estos están compuestos de metales raros de alto valor comercial, así como de sustancias tóxicas. Cuando dichos productos alcanzan un determinado umbral de utilización, pueden etiquetarse como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, lo que representa la categoría de residuos DEEE.

Según un informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la humanidad genera cerca de 50 millones de toneladas de DEEE, de los cuales menos del 20% son tratados adecuadamente (UIT, 2019). Tales residuos peligrosos ocupan un lugar cada vez más grande en los territorios, lo cual significa un problema para el medio ambiente, ya que no se degradan naturalmente y permanecen intactos durante cientos de años (O’Neill, 2018). Estos productos son procesados por trabajadores formales e informales, y según la Asociación Internacional de Residuos Sólidos, la gestión deficiente de sus vertederos está asociada a 750 muertes a nivel mundial (ISWA 2016 citado en O’Neill, 2018).

No todos los países utilizan el término “residuo peligroso” para referirse a los desechos electrónicos, porque sus conocimientos sobre estos objetos varían (Bertolini, 2003). De hecho, el concepto “residuo” no tiene una definición consensuada entre los especialistas. Desde una perspectiva económica, un producto se convierte en residuo cuando este no cumple con las regulaciones del país de origen. Sin embargo, estas normas varían de un país a otro, especialmente entre países centrales y periféricos (O’Neill, 2018). Durante el intercambio comercial de estos “residuos” se debe considerar el precio que paga el exportador por el tratamiento futuro de los desechos. Así, las regulaciones deben incluir una evaluación más rigurosa sobre las externalidades del producto electrónico importado (Bertolini, 2003).

El tratamiento adecuado de los residuos electrónicos exige la elaboración de un marco jurídico, económico y político especial en las redes transnacionales de comercio. No obstante, existen pocas normas internacionales al respecto. La primera legislación pertinente fue el Convenio de Basilea de 1989 sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos, el cual fue ratificado por 53 países. Más adelante, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas elaboró un informe de 2009 que “condena enérgicamente el movimiento y vertido de productos y residuos tóxicos y peligrosos, que tienen un impacto negativo en el disfrute de los derechos humanos”. Además, la OCDE y la Unión Europea se han convertido en actores importantes en el desarrollo de “instrumentos para controlar el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos adoptados a nivel supranacional” (Denoiseux, 2010). Finalmente, en 2017 se creó una iniciativa que busca monitorear el desarrollo de los desechos electrónicos, la cual fue liderada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Universidad de las Naciones Unidas y la Asociación Internacional de Residuos Sólidos denominada. Este proyecto se denomina “Asociación Global de Estadística de residuos electrónicos” (GESP, por sus siglas en inglés).

El tratamiento de residuos electrónicos puede ser formal, informal, legal e ilegal, lo que dificulta la regulación de su comercio. Además, los reglamentos que pueden aplicarse a estos desechos varían según la legislación de cada Estado y los convenios internacionales que han firmado. La internacionalización del derecho penal podría ser útil para armonizar dichas regulaciones. Sin embargo, la existencia de una tensión entre el derecho internacional y el nacional dificulta la regulación de este comercio. Por lo tanto, el concepto de desechos electrónicos sigue siendo ambiguo y susceptible de ser manipulable a favor de los comerciantes de estos productos.

El intercambio de desechos electrónicos sucede en un contexto en el que las empresas tienden a defender sus intereses en detrimento de la ecología. Las empresas pueden hacer eso al utilizar un enfoque voluntario de responsabilidad ambiental y la ausencia de normas internacionales vinculantes. En este sentido, las empresas suelen adoptar reglamentos ambientales flexibles y compatibles con las lógicas de mercado que las favorecen (Morin y Orsini, 2015: 183-206). Por ejemplo, es diez veces más barato enviar pantallas  a China que reciclarlos en los Estados Unidos (Bertolini, 2003). Sin embargo, desde un enfoque pluralista, también es cierto que las empresas, sin salir de la lógica del beneficio económico “en algunas circunstancias, [defienden] activamente medidas medioambientales vinculantes” (Bertolini, 2003).

Otros actores no estatales, como las ONG, cuestionan el amplio margen de maniobra que tienen las empresas para evitar la responsabilidad de los residuos electrónicos. En efecto, si un residuo peligroso es considerado reciclable, ello puede facilitar la legalización de transferencias comerciales, cuando en realidad el reciclaje es “ficticio o muy parcial” (Bertolini, 2003). Por lo tanto, las ONG denuncian que las empresas hacen un “falso reciclaje”. Estos actores esperan que los gobiernos obliguen a las empresas a asumir sus responsabilidades sobre sus externalidades ambientales. Esta lectura está en línea con el movimiento Neogramsciano, que ofrece una visión explícitamente crítica de las empresas (Levy y Newell citado por Morin y Orsini, 2015).

Por ejemplo, en 2012, la Federación Francesa de Asociaciones de Protección de la Naturaleza y del Medio Ambiente destacó la condena de los operadores de la empresa francesa D3E Recyclage, la cual exportó varios residuos electrónicos al extranjero “sin llevar a cabo las numerosas formalidades administrativas exigidas por la normativa sobre traslados transfronterizos de residuos” (Casabee 2015). Luego de ser denunciados por la asociación, los jueces sentenciaron a D3E Recyclage penalmente con multas. Los estudios sobre los desechos electrónicos representan un nuevo campo de conocimiento dentro de la economía política internacional y las políticas medioambientales globales. Esta perspectiva permite estudiar las implicaciones políticas y geográficas de los intercambios de residuos. Además, permite estudiar los vínculos entre la economía mundial y el medio ambiente, así como las prácticas de resistencia de las ONG. La contribución de la perspectiva de las ciencias sociales proporciona, en general, una comprensión de los papeles más amplios del tratamiento de desechos en nuestra sociedad y nos permite destacar tendencias sociales y políticas más amplias (O’Neill, 2018).

Luis Fernando Cruz Araujo

Kenza Kebaili

María Valentina Leal Torres

Caroline Lot

Laura Ponce

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