¿Por qué nos vamos de casa? ¿Encaja la voluntad en la experiencia del exilio? La emigración, especialmente la emigración forzada, es una realidad que a menudo reduce las opciones individuales a ilusiones en un contexto socioeconómico inestable.

El término “migración forzada” es un concepto mayoritariamente científico, utilizado por diversos organismos internacionales, incluido el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) –aunque este prefiere la denominación “movimiento de refugiados”, en tanto reserva el nombre “migrante” al titular de un estatus legal legítimo-. En tal sentido, lo que se denomina “migración forzada” parece ser una categoría que incluye a los “desplazados internos que se distinguen por el hecho de no haber cruzado fronteras internacionales” (Teitgen-Colly, 2009: 24) y a las “personas obligadas a huir por grandes proyectos de desarrollo o desastres naturales” (Ibid. p.24). En resumen, esta locución evoca las condiciones de una negativa deliberada a partir del momento en que la elección del exilio se ve envuelta en una mezcla de incentivos, pero sobre todo de precariedad económica en lo que respecta a la preservación de uno mismo o de la propia comunidad (Wood, 1994).

Precisamente, por motivos como los mencionados, la migración forzada es un fenómeno eminentemente crítico para la Economía Política Internacional y otras ramas del saber científico como la Sociología, en tanto sociológicamente está sujeta a una intensa politización en lo que respecta a las opciones para facilitar u obstaculizar el movimiento de personas a través de las fronteras nacionales (Piguet; 2018). Por tal motivo, esta acepción debe entenderse bajo un marco analítico que se niegue a esencializar al Estado e integre su dimensión transnacional (Castels, 2003; Gill, 2010). En tal sentido, es importante señalar, cómo su propia existencia presupone la incapacidad de este para garantizar lo que Luc Boltanski llama seguridad semántica, es decir, el reconocimiento legal que garantiza el apoyo formal de las instituciones y, por lo tanto, una protección mínima de la población. Por otro lado, tampoco establecer un Estado liberal se presenta como solución idónea a esta problemática, en tanto este puede llevar a la exclusión de un grupo social estigmatizado, que luego deambula en una tierra jurídicamente de nadie (Agier, 2010). Se trata, entonces, de tener en cuenta el aspecto informal de la migración forzada, acentuada por un sistema de producción dividido entre el Norte y el Sur, así como por las redes y una verdadera industria de la inmigración en relación con los aproximadamente 50 millones de migrantes, en condiciones ilegales, a principios del siglo XXI.

Por consiguiente, evitar el nacionalismo metodológico permite replantear el problema y evitar el legalismo en dos niveles: geográficamente, porque una gran mayoría de los migrantes forzados “han permanecido en su región de origen” (Teitgen-Colly, 2009) y no tienen otra cobertura que la de las autoridades internacionales o locales. Estos migrantes se concentran en Asia (más de seis millones) y África (siete a ocho millones) (Agier, 2010).  En segundo lugar, políticamente, situar el peso de los factores materiales y económicos en los procesos migratorios debe superar distinciones entre “refugiados” y “migrantes económicos”, o entre “migración forzada” y “migración voluntaria” (Wood, 1994).

Lo anterior implica recordar que la emigración es un fenómeno estructural cuyas causas se encuentran también en los complejos geopolíticos que acompañan a “la expansión del mercado capitalista en sociedades no mercantiles o pro mercado ” (Martínez, 2009: 26). Esta perspectiva pone de relieve la inestabilidad política que puede resultar de los conflictos de intereses transnacionales entre las superpotencias (Piguet, 2018). En particular, ayuda a establecer un vínculo causal entre el contexto sociopolítico de los posibles migrantes, su capacidad desigual para hacer frente a los desastres ambientales y el predominio de la economía mundial. Un análisis de economía política internacional de la inmigración forzada explica así la perpetuación de las desigualdades a escala mundial, en particular a través de la financiarización (Khiabany, 2009; Martinez, 2009: 30).

Consideremos tres casos de los Estados con las mayores poblaciones de migrantes forzados en 2017:  Sudán, Colombia y Afganistán, cuyo rasgo común es el conflicto político y económico que los atraviesa en torno a los recursos naturales (Niazi y Hein, 2017). Afganistán está enredado en una red de intervenciones imperialistas que atraviesan muchas regiones de Oriente Medio (Khiabany, 2016); países en los que ya se habían establecido tropas de la OTAN antes de la coalición TAPI (Turkmenistán, Afganistán, Pakistán e India) y grupos talibanes que se oponían militarmente a un proyecto de gasoducto que supuestamente uniría a estos cuatro países (Niazi y Hein, 2017). En Colombia, el principal origen de la migración forzada es “la violenta transformación de las economías agrícolas rurales de subsistencia en agricultura comercial”, motivada por la concentración de recursos naturales en ese país. Mientras que en Sudán, la migración forzada es un efecto de los conflictos internos por el petróleo y sus recursos, en parte controlados por grupos islámicos o árabes y en parte por compañías de inversión como “Chevron” y “Canadian Talisman’s” (id.: 6-7).

En resumen, la migración forzada es una noción que socava las concepciones de la soberanía y la responsabilidad de los Estados en una era de globalización avanzada. La economía política internacional ofrece, pues, herramientas que permiten referenciar y analizar otras fuentes de autoridad e ir más allá de una concepción del Estado como una “entidad separada que opera por encima de la sociedad, desde una posición de exterioridad” (Gill, 2010), desvinculada de las relaciones de poder que la atraviesan y que determinan quién forma parte de ella o no. Abre el análisis a una comprensión más detalladas de las redes económicas y sociales que se reproducen según una lógica acumulativa (Martínez, 2009).

Laura Ballesteros Chitiva

Carlo Balzaretti Lascurain

Vanessa Bonillat

Romain Borcard

Lucia Carcano

Guillaume Dreyer

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