La idea central de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es que las empresas tienen responsabilidades que van más allá de sus obligaciones financieras hacia los inversores o los accionistas de la compañía.
Este concepto, por lo tanto, interpreta la interacción entre la corporación y su contexto social, político y ambiental como parte de un proceso que requiere negociación de normas. La construcción de regulaciones, bajo esta perspectiva, es comprendida en un sentido amplio que no necesariamente se refiere a la elaboración de marcos jurídicos impuestos por el Estado. Por ejemplo, también se consideran válidos los mecanismos de regulación que las empresas ejecutan voluntariamente para adaptarse a las expectativas y demandas sociales (Sheehy, 2015). Es decir, la idea de la RSC resalta la manera en que las corporaciones se adaptan a su contexto con el fin de impulsar el bienestar de su entorno o como respuesta a presiones sociales. Por ello, la particularidad de dicho concepto es que reconoce la necesidad de construir grados de autorregulación al interior de las empresas.
Los orígenes del concepto de RSC se pueden rastrear desde el siglo XIX, en las prácticas filantrópicas de empresarios estadounidenses; sin embargo, el término fue acuñado por primera vez a mediados de la década de 1950 por Howard Bowen (1953). Dicho autor consideraba que las empresas eran el centro de poder donde se tomaban decisiones que afectaban la vida social, por lo cual, la empresa debía asumir responsabilidades sociales más amplias que la filantropía (Crespo Razeg, 2010, p.123). Tras su aparición, el concepto enfrentó controversias léxicas y políticas. En efecto, a finales de 1960, Milton Friedman (1970) argumentaba que canalizar recursos de la corporación con propósitos sociales limitaba la libertad empresarial. Desde entonces, la RSC tiende a ser desafiada al interior de sectores intelectuales y políticos liberales porque, según ellos, puede desincentivar los negocios. Más adelante, a inicios de 1970, el debate conceptual visibilizó la responsabilidad ambiental de las empresas, sobre todo a partir de la experiencia de las industrias extractivas. Años más tarde, en 1984, en las escuelas de administración estadounidenses, el concepto se complejizó al asociarse con el término stakeholder, el cual servía para incluir a actores externos de la sociedad dentro de la gestión de riesgos de la empresa. Es así que, hasta la década de 1990, la RSC continuó su evolución hasta ser entendida como una guía de comportamiento más robusta, útil para elevar la sostenibilidad de los negocios (Pariotti, 2009).
Debido a que la RSC ha sido conceptualizada, principalmente, desde una perspectiva económica, persisten disensos académicos sobre su significado. La perspectiva de la autorregulación se mantiene como la narrativa predominante entre los círculos académicos de la economía y la administración de empresas (Wickert et al., 2017). Tal punto de vista insiste en la creencia de que la RSC representa una alternativa innovadora para compatibilizar los intereses de la corporación con las demandas sociales y ambientales. No obstante, desde hace varios años, algunos autores han destacado la dimensión política de la RSC. La cual puede entenderse como una estrategia de las multinacionales en relación con el suministro de bienes públicos, que depende en particular de la mejora de sus relaciones con los Estados anfitriones para aumentar su legitimidad (Beddewela y Fairbrass, 2016; Scherer et al., 2016; Zhao, 2012). La economía política internacional permite una comprensión más profunda de estas cuestiones. Por ejemplo, en el caso de las empresas extractivas, esta analiza la RSC como un instrumento de legitimación sociopolítica que tiende a normalizar la débil regulación estatal respecto a las corporaciones (Brueckner y otros, 2018; Cook y Haigh, 2018: 123). Aunque esto no presupone que una política de responsabilidad social corporativa sea perjudicial, el análisis cuestiona la autorregulación como el medio más eficaz de controlar el poder de las empresas en áreas del bien común (Afsharipour, 2018: 97). También cuestiona la eficacia de los mecanismos voluntarios para modificar los comportamientos de las empresas.
En tal sentido, la economía política internacional ofrece herramientas útiles para comprender la naturaleza política de la RSC, debido a que hace visible la interacción entre las empresas, el Estado y la sociedad. Por ejemplo, el enfoque neo-gramsciano de la RSC destaca la importancia del proceso de legitimación social en la construcción de los órdenes políticos y la constitución de la clase capitalista transnacional (Worth, 2011; Levy y Palpacuer, 2017). Según esta perspectiva, la acumulación de capital está íntimamente ligada a la construcción de legitimidades sociales. Por consiguiente, el prestigio social de las empresas y sus directivos es esencial para la estabilidad de las empresas. En este sentido, la RSC contribuye a la dirección hegemónica del capitalismo promoviendo políticas y alianzas reformistas que no amenazan con socavar los fundamentos del orden en el que se basan las relaciones de dominación. Además, en la medida en que la responsabilidad social de las empresas promueve la autorregulación, aboga por la retirada del Estado de las reglamentaciones que puedan obstaculizar la libertad de las empresas.
Un ejemplo reciente que demuestra la validez de este concepto y su naturaleza política es el conflicto socio-ambiental que actualmente vive la empresa minera china MMG en el Perú. Cuando MMG compró el yacimiento minero de Las Bambas, no siguió las políticas de RSC que la anterior empresa minera había aprobado con la comunidad campesina que vivía alrededor de la mina. Hasta 2014, el yacimiento era administrado por la empresa minera suiza Glencore, que se había comprometido a construir un oleoducto para llevar el mineral a un centro de procesamiento (El Comercio, 2019; EFE 2019). MMG consideró que el proyecto no era económico, a pesar de que el yacimiento representaba el 2% de la producción mundial de cobre. Además, la decisión de MMG desencadenó un grave conflicto, en particular cuando el mineral comenzó a ser transportado por una carretera sin asfaltar, lo que afectó la calidad del suelo y el aire de la comunidad, así como a su actividad agrícola desde el principio. En respuesta, entre 2015 y 2019, la comunidad bloqueó el paso de camiones en varias ocasiones, lo que generó una tensión constante con la mina y llevó a la represión por parte del Estado. Este caso pone de relieve los problemas de interpretación de la RSC, así como la cuestión de la buena voluntad de las empresas, debido a que no hay sanciones específicas si la empresa decide despojarse de sus compromisos con la sociedad. Además, el conflicto muestra que la RSC es un fenómeno complejo que involucra no sólo a las multinacionales de los países occidentales, sino también el escenario de interacción entre el Estado, las empresas y la sociedad, el cual está cada vez más descentralizado. Por consiguiente, es necesario actualizar el concepto de RSC más allá de su origen histórico, a fin de comprender cómo reinterpretan esta idea las empresas del Sur.
Vídeo: Responsabilidad Social Empresaria (RSE) o Sustentabilidad – Universidad Austral
Referencias
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Maria Camila Ballesteros
Hugo Da Silva.
Alexandre De Groot
Javier Ramírez
David Sicard
Maxime Treboux
Publié en 2021
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