El aborto se refiere a una interrupción natural o inducida de un embarazo que resulta en la expulsión prematura del embrión o feto del útero.

El aborto es una práctica voluntaria, a diferencia del aborto espontáneo, también llamado aborto natural. Este texto se centra en el primero, específicamente en el derecho al aborto, definido de forma más precisa como un procedimiento médico o quirúrgico legal, que busca responder a la decisión de una mujer, sobre su propio cuerpo y por su propia voluntad, de interrumpir un embarazo. Esta definición incluye todos los cuidados que acompañan al procedimiento antes, durante y después del procedimiento: así como los cuidados post-aborto. Si bien el derecho al aborto ha conocido importantes avances en todo el mundo, las acciones más recientes han puesto en tela de juicio este logro, generando una serie de debates tanto en el ámbito nacional como en el internacional. De hecho, las voces se alzan tras la anulación en 2022 del caso Roe contra Wade, la decisión fundacional del derecho al aborto en Estados Unidos.

El aborto no es sólo una práctica médica. Implica perspectivas culturales, económicas, sociales y políticas que van más allá y que han dado lugar a numerosos debates y posiciones, que ahora se concretan, sobre todo en Estados Unidos, en una división entre pro-vida (pro-life) y pro-elección (pro-choice). A menudo, diferentes grupos religiosos y/o colectivos políticos, normalmente posicionados en el espectro político de derecha, se oponen al derecho al aborto pues consideran que esta práctica no corresponde con el respeto al derecho a la vida. Según este punto de vista, es inmoral ponerle fin al desarrollo de un embrión puesto que su existencia ya incluye una vida humana. La New Chatolic Encyclopedia (2003) señala que: “[…] mientras sea probable que la vida embrionaria sea humana desde el primer momento de su existencia, la terminación voluntaria (es inmoral)”. Existe también interpretaciones en el mismo sentido dela siguiente cita del Corán: “…no matéis a vuestros hijos por miedo a la escasez: nosotros los mantendremos a ellos y a vosotros. Ciertamente, matarlos es un gran pecado” (Corán, Al-‘Esraa’ 15:31). Bajo la misma línea, Elin Malmsköld (2018) sostiene que “la palabra aborto o una formulación similar, no se encuentra en ninguna convención de derechos humanos de la ONU, por lo que se puede argumentar que no existe un derecho universal directo al (o a la prohibición del) aborto”.

Por el contrario, los pro-elección defienden una posición sen favor al derecho al aborto basándose en los principios de los derechos humanos fundamentales y la necesidad de gPor el contrario, los pro-elección defienden una posición sen favor al derecho al aborto basándose en los principios de los derechos humanos fundamentales y la necesidad de garantizar la seguridad y la posibilidad al desarrollo humano de las mujeres. Esta perspectiva se encuentra en el derecho internacional. Por ejemplo, puede referirse al derecho al más alto nivel posible de salud de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Igualmente es defendido por el pensamiento feminista, que sugiere que la maternidad no debe ser coaccionada y que las mujeres deben estar a la altura de tomar decisiones sobre su presente y su futuro, según el papel que quieran desempeñar (ACNUDH, 2014). Esta perspectiva, destaca la violencia y los abusos que rodean al embarazo, especialmente entre los jóvenes, así como el número de muertes por abortos inseguros. No obstante, la cuestión sigue siendo difícil de entender. De hecho, ambas partes hacen hincapié en un objetivo similar: la protección de la vida. Esto explica en parte por qué el tema ha sido, y sigue siendo, tan controvertido.

De igual forma, los textos internacionales parecen estar a favor de este derecho. El párrafo 21 de la Observación General 14: El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (Art. 12) adoptada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU afirma que la eliminación de la discriminación contra la mujer requiere “una gama completa de servicios de salud asequibles y de alta calidad, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva […]. La realización del derecho de la mujer a la salud requiere la eliminación de las barreras de acceso a la salud, incluida la salud sexual y reproductiva, la educación y la información” (CESCR, 2000).  Igualmente, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer afirma, en el pDe igual forma, los textos internacionales parecen estar a favor de este derecho. El párrafo 21 de las “Observaciones Generales” del informe del Consejo Económico y Social de la ONU sobre “el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud“, afirma que la eliminación de la discriminación contra la mujer requiere “una gama completa de servicios de salud asequibles y de alta calidad, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva […]. La realización del derecho de la mujer a la salud requiere la eliminación de las barreras de acceso a la salud, incluida la salud sexual y reproductiva, la educación y la información” (CESCR, 2000).  Igualmente, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en el párrafo 18 de sus “Recomendaciones generalesnº 35 sobre la violencia de género contra la mujer”, afirma que “las violaciones de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, tales como […] el embarazo forzado, así como su interrupción forzada, la criminalización, la negación, el retraso del aborto seguro y/o la atención post-aborto, el abuso y el maltrato de las mujeres que buscan información, bienes y servicios de salud sexual y reproductiva, son formas de violencia de género” (CEDAW, 2017).  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) también han retomado el tema, ya que se mencionan los derechos sexuales y reproductivos, en particular el derecho a tomar decisiones libres, informadas y responsables sobre la propia vida sexual y reproductiva (FOCUS 2030, 2021).

El derecho al aborto es una problemática de salud global y, por tanto, también puede analizarse desde la perspectiva de la economía política internacional. Sólo en 2008, 47.000 mujeres murieron como consecuencia de procedimientos de riesgo derivados de las políticas de criminalización (OMS, 2020). Entre 2010 y 2014, el 45% de los abortos realizados en el mundo fueron inseguros (Guillaume y Rossier, 2018). Además, el acceso de las mujeres a los trabajos cualificados también se ve gravemente reducido debido a la imposibilidad de abortar. Al verse obligadas a trabajar para mantener económicamente a sus hijos, a menudo renuncian a niveles superiores de educación (FOCUS 2030, 2018). En particular, Elias y Roberts han destacado el impacto negativo de los niveles más bajos de educación femenina en la dinámica de la innovación en relación con las políticas de desarrollo (Elias y Roberts, 2016). También da lugar a una mayor vulnerabilidad, especialmente a las violaciones de los derechos humanos.

El enfoque feminista de la economía política internacional pone de relieve estas cuestiones. Como señalan Tickner y Sjoberg (2013), “sólo incluyendo un análisis de género se podría diferenciar el impacto del sistema estatal y de la economía global en la vida de las mujeres”. Esto también significa que la vida cotidiana de las mujeres es directamente relevante para la economía política internacional. Con respecto a esto, Cynthia Enloe (2014) sostiene que la vida personal no es sólo política, sino también internacional.

En la actualidad (2022), el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el caso Roe vs Wade – la decisión que legalizó el aborto en Estados Unidos desde 1973 y garantizó a las En la actualidad (2022), el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el caso Roe vs Wade – la decisión que legalizó el aborto en Estados Unidos desde 1973 y garantizó a las mujeres el derecho fundamental a decidir si quieren o no abortar. Sólo en Estados Unidos, al menos 300.000 mujeres embarazadas se verán afectadas por esta decisión, incluidas las que han sido interrumpidas como consecuencia de una violación. Esta decisión tendrá sin duda una repercusión internacional. Estados Unidos ha ejercido durante mucho tiempo una considerable influencia sobre las políticas de aborto a nivel mundial. Al invalidar un tal derecho constitucional al aborto, la decisión paraliza los años de esfuerzo que han buscado proteger la salud y la justicia reproductiva en Estados Unidos y el mundo.

Finalmente, el enfoque de la economía política internacional ofrece una perspectiva analítica de la estructura de la sociedad y, por tanto, es especialmente adecuado para el tema del derecho al aborto. Como demuestra el revés del Tribunal Supremo de EE.UU., una democracia moderna puede dar lugar a desarrollos que no benefician a la autonomía de las mujeres. La desigualdad de género, en relación con el derecho al aborto, sigue siendo, por tanto, el centro de la lucha en la economía política internacional. aborto, sigue siendo, por tanto, el centro de la lucha en la economía política internacional.

Barnabe Fournier

Camille Jaunin

Diego Riva

Juan Manuel Nader ​

Louis Marchand

María Paula Vargas ​ 

Sebastián Pinilla​

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La definición de apropiación cultural es objeto de una considerable controversia. Es un tema relativamente nuevo en el debate internacional. Las posiciones entre “apropiadores” y “expropiados” difieren enormemente y en la práctica la apropiación cultural sigue siendo un término ambiguo y poco claro.

En su definición más simple, Merry (1998) define la apropiación cultural como “tomar una forma cultural existente de un grupo social y reproducirla en otro contexto con diferentes significados o prácticas” (Merry, 1998: 585). Esta definición puede complementarse con dos enfoques: o bien la relación de apropiación es simétrica, es decir, existe un intercambio recíproco entre el poseedor original de un conocimiento o expresión cultural tradicional y su usuario; o bien la relación es asimétrica cuando este intercambio es desigual y no obtiene el consentimiento del poseedor original (Rogers, 2006). Sólo esta última constituye una apropiación, en la medida en que corresponde al uso de una cultura que se desvía de su significado original y le da un uso diferente sin consentimiento.

En tal sentido, lo controvertido de este término se encuentra en asuntos relacionados con la explotación económica de esta “expropiación”, lo que no solo genera detrimento cultural sino patrimonial a las comunidades poseedoras de conocimiento o cultura (Rogers, 2006). En el plano internacional, algunos organismos internacionales como la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) han debatido sobre la “apropiación indebida” que se entiende como el uso inapropiado de expresiones culturales mediante abuso de confianza u otros medios indebidos. La OMPI ha establecido que esta apropiación es contraria a la legislación cuando no se cuenta con el consentimiento de la comunidad afectada, así como cuando no existe un debido reconocimiento. No obstante, no ha habido consensos ni acuerdos en la materia (Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 2014).

Por tal motivo, una solución objeto de debate es el establecimiento de un “copyright” concedido con derechos de propiedad intelectual a los pueblos poseedores, de manera que pueden obtener una retribución por la explotación de su conocimiento cultural y tradicional. No obstante, sus principales opositores sostienen que esta noción de propiedad intelectual corresponde a una categoría de pensamiento “occidental”, el cual impone una definición parcial de cultura, de propiedad y de identidad que hace apropiable la cultura, lo que reafirma patrones de dominación heredados del colonialismo (Coombe, 1993). Sin embargo, es menester recordar que el objetivo principal de la propiedad intelectual, como sistema de protección de las invenciones y la creatividad, es otorgar derechos exclusivos a sus titulares para comercializar y distribuir este tipo de bienes, con la posibilidad de excluir a terceros. Para la protección del conocimiento tradicional, la propiedad intelectual puede ser en algunos casos un mecanismo para evitar la apropiación indebida de los conocimientos tradicionales y expresiones culturales.

Un ejemplo de esta protección que ofrecen los derechos de propiedad intelectual ocurrió en el caso de copia y producción en China de los llamados “sombreros vueltiao”. Lo anterior, en tanto su producción y tejido está protegido por un tipo de derecho de propiedad intelectual que se entiende como “Denominación de Origen” o “Indicaciones geográficas”. Esta permite que sólo la comunidad que ha sido reconocida como titular, en este caso los pueblos indígenas Zenú en Colombia, pueda excluir a terceros para la copia de su conocimiento tradicional. Gracias a esta medida, el cargamento de sombreros chinos que intentaron ingresar al país pudo ser bloqueado por las autoridades a través de una medida cautelar (El Heraldo, 2013).

Ahora bien, tal como se concibe desde el régimen de propiedad intelectual, desde la perspectiva de la Economía Política Internacional, la apropiación cultural no sólo es abordada desde sus aspectos económicos, es decir, desde la retribución económica de la producción intelectual y cultural, sino que también se abordan cuestiones éticas, análisis de relaciones de dominación y el verdadero detrimento de los pueblos históricamente dominados, así como su permanente marginación en las discusiones relativas a sus derechos (Matthes, 2016).

Lo anterior, en tanto evitar la apropiación cultural, o al menos ejercerla de manera controlada, tiene como propósito reivindicar y proteger a los pueblos indígenas y a las comunidades étnicas, cuya lucha por sus derechos ha sido poco reconocida y ha contado con pocos logros históricos – como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2013). No obstante, algunos foros internacionales, como el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU o el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD), incorporan la participación de las comunidades étnicas en la regulación y manejo de sus recursos tanto patrimoniales como genéticos, reconocidos como conocimientos tradicionales, así como la obtención del consentimiento libre, previo e informado de conformidad con el Convenio 169 de la OIT. Las Convenciones de UNESCO también han hecho referencia a la protección del Patrimonio Cultural Inmaterial de la humanidad que busca la salvaguarda de las expresiones culturales (Mauro y Hardison, 2000). Los conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales son bienes materiales e inmateriales fundamentales para la identidad social de los pueblos autóctonos, su supervivencia y la relación de estos con el medio ambiente. Ello implica no solo considerar los beneficios e intercambios económicos derivados de la explotación de estos conocimientos, sino considerar su facultad de mantener, controlar, proteger y desarrollar sus conocimientos y expresiones culturales tradicionales (Organización Internacional del Trabajo, 1989).

Cloé Baladier

Célien Barmaz

Gustavo Guerrero Galeano

Ismira Mahmutovic

Paola Moreno

Angélica Patiño

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El comercio de armas ligeras se define como la circulación legal, ilícita o contenciosa de armas pequeñas a nivel regional o internacional.

Hay más de un billón de armas ligeras en circulación en todo el mundo, de las cuales sólo el 15% están en manos de las fuerzas armadas estatales (Small Arms Survey, 2020). Estos datos ilustran hasta qué punto se puede socavar el monopolio estatal de la violencia legítima. Por ejemplo, a finales de 2019, miembros del cártel mexicano de Sinoala liberaron al hijo de El Chapo con armas ligeras. Esta dolorosa bofetada al Estado mexicano tiene una peculiaridad: las armas utilizadas en este ataque fueron seguramente adquiridas legalmente en Estados Unidos, antes de ser trasladadas ilegalmente a México (Delay, 2019). Mientras que se calcula que el mercado legal de armas pequeñas tiene un valor de 5.700 millones de dólares al año, se estima que el mercado ilícito tiene un valor de entre 57 y 456 millones de dólares (Nowak, 2019:52). Sin embargo, los investigadores se enfrentan regularmente a la falta de datos empíricos debido a la naturaleza altamente sensible y opaca de estas operaciones. No obstante, los informes elaborados por organismos especializados, como el Small Arms Survey o la Iniciativa Noruega sobre Transferencias de Armas Ligeras (NISAT), llenan algunas de estas lagunas.

La definición que hemos elaborado se basa en el concepto de APAL (Armas pequeñas y ligeras, SALW en inglés) que se refiere a las armas pequeñas, incluidas las pistolas, los rifles, las carabinas, las ametralladoras ligeras y pesadas, los lanzagranadas, los sistemas portátiles antiaéreos y antitanques y los morteros. Esta clasificación fue propuesta originalmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1997, pero no representa necesariamente un consenso, ya no existe una definición acordada internacionalmente. En cuanto a la noción de comercio, Bourne (2007), establece una tipología entre tres tipos distintos: el mercado legal (oficial y regulado), el mercado gris (no oficial, pero no completamente ilegal), y el mercado negro (no regulado y clandestino). Aquí nos centramos en los dos últimos.

La historia del comercio de armas ligeras, tal como la definen Coyne y Mathers (2011), es ante todo inseparable del comercio de armas de fuego en general. Si bien durante el siglo XIX hubo entregas de armas por parte de los Estados con diversos fines (simple venta, apoyo a rebeliones e incluso tráfico ilegal), éstas se desarrollaron con la revolución industrial, que permitió la producción de armas en masa y, por tanto, a mayor escala y menor coste. Los industriales tuvieron una participación creciente en el comercio de armas en esa época, pues fueron ellos quienes construyeron las fábricas que las producían. Todas las armas que existían en esa época ya estaban a la venta: pistolas, munición y otras armas pequeñas y ligeras (Stohl, Grillot, 2013).

En cuanto a la normativa sobre armas pequeñas y ligeras, ya en el siglo XIX se firmaron acuerdos destinados a la desmilitarización regional que no se limitaban a las armas pequeñas y ligeras. Entre los más recientes, el TCA (Tratado sobre el Comercio de Armas, que entró en vigor en 2014) pretende limitar la proliferación de armas de fuego. Por el momento, este tratado sigue siendo en gran medida insuficiente para alcanzar sus ambiciones, ya que su alcance está limitado por dos factores: el número de signatarios y la resistencia interna a la cesión de soberanía que supondría un control más estricto de las armas pequeñas y ligeras. De hecho, aunque 85 países han ratificado el tratado, sólo cinco de los diez principales exportadores de armas son miembros, excluyendo a Estados Unidos, China y Rusia (Delgado, 2015).

Por otro lado, la falta de consenso alrededor de las armas ligeras, denominadas APAL, dificulta los debates internacionales sobre el tema, lo que hace imposible establecer un texto común y jurídicamente vinculante a nivel mundial. Sin embargo, la Unión Europea solicita a sus miembros que presenten un informe sobre sus exportaciones de armas para limitar su mal uso (crímenes de guerra, deportaciones, etc.). Estas peticiones son seguidas de forma diferente por los distintos países: Francia, por ejemplo, sólo las sigue parcialmente (Amnistía, 2021).

Un enfoque de economía política internacional, como el adoptado por de Susan Strange es pertinente para entender dicho fenómeno. El análisis de los vínculos dialecticos entre la autoridad y el mercado muestran una configuración de poder en la que los actores económicos, inscritos en los mercados internacionales, se convierten en actores que compiten con el Estado. En este contexto, los Estados se esfuerzan por establecer normativas nacionales e internacionales, con el fin de reducir la amenaza del comercio de las armas ligeras. Una de las características de este mercado es que no opera necesariamente en el marco de la autoridad estatal. Si el Estado no puede limitar la totalidad del mercado, puede al menos restringirlo significativamente, por ejemplo, con medidas aduaneras más estrictas. No obstante, algunos autores resaltan la debilidad de algunos Estados y su incapacidad para controlar sus fronteras como el origen del problema, argumentando que las fronteras abiertas refuerzan la capacidad económica de los Estados para hacer frente a las transferencias ilegales de armas (Melkamu y Adugna, 2021).

En conclusión, la aproximación de economía política internacional visibiliza las complejas relaciones que pueden existir entre los actores políticos que se supone tienen autoridad y los actores económicos (mercados) que se supone están limitados por ellos, en el contexto de las actividades lícitas, contenciosas e ilícitas a escala regional y mundial.

Álvaro Gómez

Benjamin Vermont

Cindy Santos Da Silva

Edgar Mathevet

Juan Manuel Reyes​

Yann Reitzel

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La austeridad es una medida de política económica destinada a reducir el gasto público. Promovida por instituciones internacionales como el FMI, la austeridad es criticada por muchos enfoques de economía política internacional, en particular por sus consecuencias negativas para las poblaciones.

El concepto de austeridad recuerda las políticas adoptadas por varios países europeos en el contexto de la crisis financiera y de la deuda soberana a partir de 2008. Pero es difícil reducirlo a estas experiencias solamente. En 2019, países latinoamericanos como Argentina y México han adoptado medidas de austeridad con diferentes justificaciones, pero con al menos un elemento en común: lograr un presupuesto equilibrado mediante la reducción del gasto, cumpliendo al mismo tiempo los compromisos financieros con los titulares de la deuda pública. En consecuencia, la doctrina económica neoliberal define la austeridad como un conjunto de mecanismos de política fiscal destinados a reducir la huella fiscal y económica del sector público y a cambiar la forma en que se prestan los servicios públicos. En esta medida, la austeridad tiene por objeto reducir el gasto del sector público para que los agentes del sector privado sustituyan a los del sector público. Esto presupone que los agentes del sector privado son más eficientes en el suministro de bienes y servicios que los agentes del sector público, como se examinó en Henderson (2018). Esta hipótesis se basa en el supuesto de que el mercado es capaz de alcanzar el equilibrio (y, por tanto, de avanzar hacia el óptimo de Pareto) de forma autónoma, sin intervención externa, y de este modo proporcionar la mejor asignación de los recursos disponibles. Así, al minimizar la influencia del Estado en la economía, se favorecería a los inversores privados, motor del crecimiento económico según esta doctrina. Estos elementos teóricos son cuestionados por el keynesianismo, que insiste en los peligros asociados a la austeridad como “una forma de deflación voluntaria en la que la economía se ajusta reduciendo los salarios, los precios y el gasto público” (Blyth 2013:2).

A pesar de que desde el keynesianismo se ha cuestionado la utilidad práctica de la austeridad en tiempos de crisis, autores como Berry (2016) sostienen que este tipo de medidas económicas son de vital importancia para mantener a flote la economía del Estado en tiempos de estabilidad. De hecho, este autor considera que el simple recorte de políticas sociales no necesariamente implica una política de austeridad, ya que esta implicaría también la reorientación del gasto público y la reducción de la deuda (Reinhart y Rogoff, 2010). Es decir, para el neoliberalismo económico, el problema con la austeridad radica en una aplicación errónea de la misma, no en la agenda que persigue. Otros, como Alesina et al. (2015), consideran que la austeridad se ha cuestionado sin pruebas suficientes de que sus medidas hayan tenido un impacto negativo en la sociedad.

En el ámbito de la economía política internacional (EPI), Wade (2002), por ejemplo, adopta una perspectiva gramsciana para demostrar que la promoción de la política de austeridad por parte de los organismos multilaterales responde a la necesidad de consolidar la hegemonía americana a través de ciertas ideas económicas compatibles con el modelo de desarrollo americano. En otras palabras, la austeridad sirve como herramienta para definir la identidad de los estados. No obstante, el enfoque de los derechos de propiedad intelectual evita considerar la austeridad como una cuestión puramente económica e interna relativa a las necesidades internas de los Estados. Más bien, plantea debates sobre los efectos de este tipo de política en la construcción (o la subsistencia) de los órdenes financieros internacionales y sobre el papel de ciertos actores hegemónicos dentro de esta dinámica. De igual modo, va más allá del marco de los Estados para tener en cuenta las organizaciones internacionales como el FMI y pone de relieve las relaciones de poder que podrían surgir de la promoción de la política de austeridad.

Para concretar nuestro análisis, podemos estudiar las razones por las que el FMI se ve seriamente desafiado por la crisis inflacionaria en la que se encuentra Argentina, tras adoptar una política de austeridad expansiva para el año 2019. En tanto, una cuestión supuestamente nacional (como sugiere la economía) fue atravesada por variables internacionales (la presencia del FMI) y aspectos ideológicos, ya que el Presidente Mauricio Macri pretendía dirigirse a las instituciones financieras internacionales y conformar la imagen del país en el sistema internacional (Mander, 2019). En este sentido, como en el caso de Argentina, el DPI permite ir más allá de los límites impuestos por las visiones económicas de austeridad y tiene en cuenta no sólo las consecuencias económicas de estas medidas, sino también las relaciones de poder que subyacen en el marco internacional y las consecuencias de estas medidas que se reflejan a nivel nacional.

Aubry Alexandre

Maria-Léticia Antonino Madrid

Reynell Badillo Sarmiento

María Paula Ballesteros Paipilla

Andrés Tellez

Hervé Tschanz

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La ayuda oficial para el desarrollo (AOD) comprende las donaciones y préstamos preferenciales establecidos en el presupuesto nacional y transmitidos desde los países desarrollados hacia los países en vías de desarrollo.

El término AOD se refiere entonces a una red de relaciones entre los países “donantes” y “receptores”. El término no apareció en la escena internacional hasta principios de la década de 1960, cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico comenzó a registrar estadísticamente las corrientes de ayuda internacional (OCDE, 2018). Asimismo, es importante señalar que los países receptores de AOD están separados en diferentes grupos según sus características y su nivel de desarrollo económico. Así pues, hay países menos adelantados (PMA), otros países de bajos ingresos, países de ingresos medios bajos y países y territorios de ingresos medios altos. Estas clasificaciones y desgloses están destinadas a modificarse según los progresos realizados por cada Estado, de conformidad con las normas de la OCDE y el Banco Mundial.  Sin embargo, esta definición de la OCDE no es aceptada universalmente por algunos países donantes, ya que el modelo de ayuda de China, por ejemplo, no respeta todos los principios de la asistencia oficial para el desarrollo definidos por el Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE, en particular en lo que respecta a la no interferencia, el beneficio mutuo y la incondicionalidad (Huang y Ren 2012).

La noción de Asistencia Oficial para el Desarrollo puede observarse desde dos frentes, como explican Charnoz y Severino (2007). El primero se refiere, en términos prácticos, al sistema internacional de transferencias de recursos públicos, mientras que el segundo se refiere a una definición estadística precisa que es objeto de debate, ya que el monto real de la asistencia oficial para el desarrollo no refleja todos los recursos recibidos por los países receptores, sino el costo soportado por los donantes. En tal sentido, Alvi y Senbeta (2016), desde una perspectiva neoliberal, manifiestan que la AOD tiene un efecto considerable en la reducción de los niveles de pobreza de los países receptores; sin embargo, otros autores como Boone (1996) muestran que no hay evidencia para demostrar que haya mejorías sustanciales tanto en las políticas macroeconómicas de los Estados, como en el aumento de la inversión, la reducción de los niveles de pobreza, entre otras. Más allá de esas discusiones económicas y políticas, autores como Apodaca (2017), consideran por otro lado que la AOD es un acto meramente político utilizado como herramienta para que los países poderosos aumenten su influencia en el sistema internacional.

Ahora bien, en el marco de la Economía Política Internacional (EPI) la AOD se analiza desde múltiples perspectivas teóricas. En tal sentido, el realismo considera que las corrientes económicas sólo sirven como armas de influencia para modificar las acciones de los países receptores. En otras palabras, son parte de una política de poder que instrumentaliza la economía (Hook, 1995). Por otro lado, el liberalismo asegura que, además de mejorar las condiciones socioeconómicas de los Estados receptores, la AOD resulta útil para profundizar los lazos de cooperación entre diversos actores del sistema internacional. Asimismo, considera importante que en ese proceso participen instituciones internacionales que contribuyan a organizar las reglas de juego (Taouil, 2015). Por su parte, la teoría del sistema-mundo concluye que la AOD solo puede entenderse como una vía para limitar el proceso de desarrollo de los países que pertenecen a la periferia mundial. Desde este punto de vista, este proceso es solo un intento por mantener la división internacional del trabajo y los privilegios de ciertas naciones pertenecientes al centro (Wood, 1986). Finalmente, Lemus (2018) plantea que la AOD es un acto esencialmente colonial en el sentido en el que impone una idea de superioridad por parte de algunos Estados que «generosamente» aportan para que aquellos con condiciones inferiores puedan ser equiparados en algún momento a los donantes. Por eso, dice el autor, no es casualidad que los excolonizadores tienden a ofrecer más AOD a los países que colonizaron en el pasado.

Todas estas perspectivas, aunque diferentes en esencia, tienen en común el hecho de que no se centran únicamente en los efectos de la AOD (lo que conduce a un debate esencialmente económico) ni en sus motivaciones (lo que conduce a un debate puramente político). Todas parten de la premisa de que la AOD produce determinados resultados en los países de destino, pero, aún más importante, también comprenden que esta contribuye a modificar o sostener el statu quo. Lo anterior, en tanto siempre hay consecuencias que trascienden los espacios nacionales y conciernen a actores distintos de los que participan en la entrega y recepción de la ayuda. Así pues, es posible trascender estas divisiones y ver la asistencia oficial para el desarrollo como un conjunto de redes de interdependencia entre Estados con motivaciones diferentes y posiblemente únicas.

La Economía Política Internacional también contribuye a entender fenómenos como la aparición de los llamados “donantes emergentes”, que son definidos como países que recientemente han empezado a actuar como donantes internacionales a pesar de que tradicionalmente se habían caracterizado por ser receptores de ayuda. El caso de China, por ejemplo, es paradójico desde un punto de vista puramente político o económico. En tanto, este país destina cerca de 60 billones de dólares a AOD en cerca de 150 países y, aun así, ha decidido enmarcar esta inversión en el discurso de la cooperación sur-sur. Ya sea que esto haga parte de una estrategia para “transformar el orden mundial” (Tan, 2019) o que simplemente se trate de una estrategia discursiva para acercarse a varios países y solidificar los lazos bilaterales, este tipo de actuaciones solo cobran sentido a la luz de la EPI.

Aubry Alexandre

Maria-Léticia Antonino Madrid

Reynell Badillo Sarmiento

María Paula Ballesteros Paipilla

Andrés Tellez

Hervé Tschanz

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La basura espacial son todos los objetos producidos por la industria espacial, que, por cese de su uso o colisiones, quedan en órbita alrededor de la Tierra.

Los desechos espaciales  están compuestos de partes provenientes de satélites en desuso, cohetes, o de sus lanzadores. Estos representan múltiples peligros para los satélites  actualmente en órbita, la seguridad de la Estación Espacial Internacional (EEI, en inglés International Space Station [ISS]), el lanzamiento de futuros satélites y el éxito de misiones tripuladas, pero también para las comunicaciones en la tierra, el control meteorológico y el mantenimiento de internet, entre otros. La gestión de estos desechos es crucial para los científicos que utilizan la información de los satélites en órbita para el funcionamiento de los sistemas de comunicación y navegación (Nature, 2021). Además, la gestión de desechos espaciales representa un problema geopolítico debido a que muchos satélites están destinados a uso militar, en particular para el espionaje (Nature, 2021).

Los desechos espaciales aparecieron desde 1957 con el lanzamiento de los primeros satélites, pero no fue hasta 1970 cuando generaron preocupaciones. Los pocos científicos que han estudiado el problema creyeron que la amenaza estaría presente a largo plazo (Saint-Martin, 2016). La destrucción por parte de Rusia de uno de sus satélites en 2021, cuyos escombros pusieron en peligro la EEI, ha vuelto a poner en primer plano la cuestión de la basura espacial. Este concepto de Economía Política Internacional se relaciona con la reciente llegada de actores privados al sector espacial. Varios multimillonarios se están embarcando en la carrera espacial junto con agencias espaciales nacionales e internacionales, como Elon Musk con SpaceX, Jeff Bezos y  Blue Origin o Richard Branson y Virgin Atlantic.

El mercado espacial está sujeto a la competencia entre Estados y empresas privadas, pero también entre Estados con los nuevos países que se lanzan a la carrera espacial. En este contexto, la colaboración de los sectores militares es compleja. Algunos países como los Estados Unidos, China o Rusia e mantienen en secreto algunos de sus satélites militares favoreciendo su posición geoestratética (Nature, 2021). Estas luchas de poder complican el manejo de desechos espaciales. Estos últimos representan el 94% de los objetos en órbita, el 6% restante son los 1.100 satélites actualmente activos (Hall, 2014). Estos desechos generan costos astronómicos relacionados con su monitoreo y el diseño de estrategias para predecir su comportamiento (Daquin, 2016). Una perspectiva de Economía Política Internacional es relevante porque los desechos espaciales son un problema político entre Estados, así como un problema económico vinculado a la libre competencia entre actores privados y públicos activos en la industria espacial.

El sector espacial no es solo un problema de capacidad técnica sino también de capacidad económica. Se trata de un sector de alto valor añadido en plena expansión. Según la organización financiera Morgan Stanley (2022), el espacio será un sector de potencial crecimiento que podría generar 1,1 billones de dólares en 2040, dado el creciente interés por parte de algunos multimillonarios. Tal entusiasmo genera la monopolización de un bien común “el espacio”, ignorando temas tanto geopolíticos políticos, ambientales y jurídicos. Los debates asociados a la basura espacial se centran  en   un enfoque racional y liberal. La idea de progreso constante ha sido el motor del de la expansión de la carrera espacial. No obstante, cabe destacar el esfuerzo realizado por las empresas privadas en términos de innovación para  reducir los desechos espaciales. Por ejemplo, SpaceX reduce indirectamente este desperdicio al implementar cohetes reutilizables.

Según Strange (2004), el análisis de la economía política internacional necesita apoyarse en cuatro dimensiones: la seguridad, la producción, el financiminto y el conocimiento. Es posible analizar la problemática de la basura espacial desde la perspectiva de la seguridad, teniendo en cuenta  el poder e influencia de las empresas privadas y los Estados (en particular de sus ejércitos y/o de sus agencias espaciales) se derivan de su capacidad para asegurar sus intereses en el espacio. Por otro lado, desde el punto de vista del conocimiento, se puede observar cómo la tecnología desarrollada y empleada por esta industria ha permitido a unos cuantos países como EE.UU, Rusia o China y a ciertas empresas como SpaceX o Blue Origin, de ejercer una gran influencia sobre las instituciones que formulan las agendas de investigación del espacio, manteniendo el liderazgo en la producción intelectual del campo. Por ende, es relevante la consolidación de acuerdos entre Estados y empresas privadas que prioricen el desarrollo de innovaciones en la industria espacial, la reducción del monopolio en la zona orbital de la tierra y la sostenibilidad ambiental del espacio.

Dadas las tensiones geopolíticas relacionadas con el censo de satélites en órbita, se sugiere en una edición especial de la célebre revista científica Nature (2021) que este trabajo debe ser realizado por el sector público. No obstante, las normas relacionadas con desechos espaciales no son vinculantes. La regulación privada transnacional parece ser una solución para que dichas normas aceptadas de manera conjunta por los sectores público, militar y privado puedan ser implementadas.

La reciente iniciativa de la Organización Internacional de Normalización (ISO), a través de la norma ISO 24113 (ISO, 2022), establece un conjunto de requisitos para el diseño y operación de naves espaciales. Esto resalta el interés de una forma de regulación privada transnacional, ya que pretende limitar los desechos espaciales definiendo un procedimiento para que quienes lanzan satélites se deshagan de ellos desintegrándolos en la atmósfera al final de su vida útil (ISO, 2022). Esta acción fue reconocida por el G7 en una declaración de 2021 (G7, 2021). ISO es una forma de gobernanza privada transnacional que ha probado ser funcional, aunque según Graz y Nökle (2008), estas formas de gobernanza tienen limitaciones que no deben escapar a la gestión de desechos espaciales. Para ser eficientes, las normas propuestas deben ser reconocidas por todos los países y empresas activas en el sector espacial, aún cuando estas últimas no estén en el mismo paradigma económico, base de valores y no promuevan la misma visión del mundo.

Finalmente, el crecimiento de la basura espacial  representa una extensión del alcance humano más allá de los limites planetarios: la extensión geográfica del Antropoceno. El ser humano extiendiende su impacto en entornos que estaban fuera  de su alcance. Por lo tanto, es urgente implementar normas vinculantes, tanto para el Estado como para las empresas privadas, quienes son las protagonistas de este nuevo capitullo de la carrera espacial, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la órbita terrestre y el éxito de las futuras misiones tripuladas.

Ariana Molina Campoverde

Eduardo Piñeros 

Eunice Tchibozo

Lucienne Faye

Margaux Jay

Nathaly Cárdenas​​

Óscar de Jesús Villarraga Muñoz 

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El blanqueo de capitales puede entenderse como la conversión de dinero sucio en dinero limpio para ocultar su origen ilícito reinvirtiéndolo en actividades lícitas.

Los historiadores coinciden en que el fenómeno de blanqueo de dinero se originó en las lavanderías de Chicago invertidas por Al Capone para legalizar los beneficios de sus actividades ilícitas. Para ello se utilizan numerosos procedimientos, como las empresas de fachada, la facturación falsa, las transferencias electrónicas de fondos o el uso de sistemas bancarios paralelos al sistema tradicional, como el sistema Hawala en la India.

Sin embargo, cada legislación nacional tiene su propia definición de blanqueo de capitales. Por ejemplo, en el Código Penal suizo, se considera blanqueo de capitales todo acto “que obstaculice la identificación del origen, el descubrimiento o la confiscación de bienes que sabía o debía presumir que eran producto de un delito o de una infracción fiscal cualificada” (Código Penal suizo, 1937, art. 305bis). En Colombia, en cambio, es toda conducta encaminada a “adquirir, conservar, invertir, transportar, transformar, almacenar, conservar, custodiar, dar apariencia de legalidad, ocultar la verdadera naturaleza, ubicación o movimiento de los bienes” provenientes de cualquier fuente de delito (Código Penal Colombiano, 2000, art. 323). Dado el carácter transnacional de este fenómeno, estas diferencias son un aspecto especialmente destacado para comprender y gestionar el blanqueo de capitales. Como señala Stessens (2004): “La variedad de leyes nacionales sobre el blanqueo de capitales en cuanto a la gama de delitos subyacentes puede obstaculizar la cooperación internacional debido a la falta de doble incriminación”.

Más allá de estas cuestiones jurídicas, los trabajos en Ciencia Política y Economía resaltan las cuestiones conceptuales propias de estas definiciones. Por ejemplo, Unger et al (2006) explican que algunas definiciones no especifican las acciones que constituyen el fenómeno, describiéndolo como un “proceso” o “acción”, mientras que otras mencionan específicamente las actividades que lo constituyen. Algunas definiciones limitan el blanqueo de capitales al dinero, es decir, a los intercambios monetarios, mientras que otras lo amplían a los bienes y productos, y por tanto a todo el circuito del mercado. El blanqueo de dinero se considera a veces una actividad delictiva, a veces simplemente ilegal. Por tanto, la intensidad de su dimensión reprobable puede variar considerablemente. Esto también explica las grandes diferencias en las estimaciones de la cantidad de dinero blanqueado realizadas por las organizaciones internacionales, así como en la magnitud de los problemas. Por tanto, el problema no se limita al blanqueo de dinero como tal, sino que se extiende a otras cuestiones, como las economías ilegales, los esfuerzos de los gobiernos por mitigarlas o el terrorismo y el narcotráfico, causando múltiples efectos económicos, políticos y sociales.

Desde una perspectiva económica, De la Torre Lascano (2019) señala que el blanqueo de capitales tiende a provocar una competencia desleal entre las empresas “honestas” y las “deshonestas”, acentúa la distorsión de los precios, afecta negativamente a la inversión y, en última instancia, conduce a la exclusión de las empresas “honestas”, es decir, quienes no se prestan para estas prácticas. Por ejemplo, para De la Croix y Delavallade (2007), los esfuerzos para combatir la corrupción aumentan el gasto militar y de seguridad pública a costa de la educación y la salud. Además de su dimensión económica, el blanqueo de capitales es un problema político y de seguridad, sobre todo porque se utiliza para financiar organizaciones terroristas y para legalizar el producto del tráfico de drogas, el contrabando de armas y los secuestros para pedir rescate. Según las Naciones Unidas, el blanqueo de dinero puede incluso contribuir a la propagación de armas nucleares, radiológicas, químicas o biológicas. En cualquier caso, el blanqueo de dinero es una amenaza para la integridad democrática. Los políticos de todo el mundo lo utilizan para su enriquecimiento personal y la financiación de sus campañas, y abre la posibilidad de que los delincuentes se conviertan en funcionarios de alto nivel. Este fue el caso de Colombia durante las elecciones presidenciales de 1994, en las que el candidato Ernesto Samper utilizó dinero del narcotráfico para financiar su campaña y finalmente resultó elegido (Caballero Argáez & Pizano Salazar, 2014).

Según Paradise (1998), un enfoque de economía política internacional ayuda a comprender la complejidad alrededor del blanqueo de capitales. Permite pensar en la articulación entre los niveles de análisis nacional e internacional, evitando diferenciar entre las esferas política y económica, tan estrechamente entrelazadas en este tipo de fenómenos.

El blanqueo de capitales es un problema que afecta fuertemente al sistema financiero internacional. Su globalización favorece la circulación de dinero sucio, especialmente al transitar por países donde la legislación es más débil. Igualmente, la globalización también facilita la comunicación entre los blanqueadores de dinero, que pueden repartir las transacciones entre un mayor número de jurisdicciones para dificultar su seguimiento. Al igual que el propio fenómeno, la lucha política contra el blanqueo de capitales se despliega a escala transnacional. Han surgido diversos foros de cooperación mundial, como el Programa Mundial de las Naciones Unidas contra el Blanqueo de Capitales, iniciativas lideradas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Grupo de Acción Financiera Internacional, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Interpol y otros tanto gubernamentales como no gubernamentales. No obstante, cabe preguntarse “a quién beneficia” el blanqueo de capitales o su erradicación, y por qué los gobiernos tienen interés en combatirlo.

Por un lado, la lucha contra el blanqueo de capitales beneficia a los gobiernos y a las autoridades nacionales. En efecto, según la Organización de Estados Americanos, los crecientes índices de criminalidad, en los que el lavado de dinero tiene un efecto definitivo, aumentan la percepción de inseguridad de los ciudadanos, sobrecargan el sistema de administración de justicia e incrementan la impunidad (OEA, 2018). Por ello, los organismos gubernamentales tienen interés en combatir este fenómeno. Por ejemplo, al combatir agresivamente este delito, ganan credibilidad política, apoyando los objetivos electorales de los gobernantes. Además, tendrá efectos positivos en la economía, ya que las transacciones legales contribuyen a sus obligaciones fiscales, lo que en última instancia fortalece al Estado. Sin embargo, porque les beneficia, los Estados pueden patrocinar el comercio ilícito. Para Peter Andreas (2004), esto explica, por ejemplo, la larga resistencia de Suiza a la flexibilización de las leyes de secreto bancario, que fomentaban el uso del sistema bancario del país para la evasión de impuestos.

Por otro lado, según Caroline Liss y J.C Sharman (2014), además de las autoridades públicas nacionales, las empresas privadas transnacionales se encargan de la lucha contra el blanqueo de capitales. De hecho, el carácter transfronterizo de este tipo de delitos limita la aplicación de la ley por parte de los Estados, y al tiempo que ofrece nuevos mercados para los servicios de seguridad. Las empresas de seguridad, especialmente las empresas militares y de seguridad (EMSP), están motivadas por el beneficio económico que obtienen. En otras palabras, estas empresas son contratadas por otras empresas privadas para proporcionar seguridad contra el blanqueo de capitales y, por tanto, tienen un papel clave en la lucha contra el blanqueo de capitales. Por lo tanto, una perspectiva de economía política internacional también resulta esclarecedora para comprender el entramado de actores que luchan contra el blanqueo de capitales.

Barnabe Fournier

Camille Jaunin

Diego Riva

Juan Manuel Nader ​

Louis Marchand

María Paula Vargas ​ 

Sebastián Pinilla

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La brecha salarial entre los géneros refleja las desigualdades y la discriminación en el mercado laboral que afecta principalmente a las mujeres. Las mujeres ganan significativamente menos que los hombres durante toda su carrera por razones complejas y a menudo interrelacionadas.

Según las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, la brecha salarial varía entre los géneros: ponderada para tener en cuenta las variaciones en la educación, la edad, las horas de trabajo y el empleo en el sector público en comparación con el empleo en el sector privado, oscila entre el 16% y el 22%, según los métodos de cálculo elegidos (Organización Internacional del Trabajo, 2018). Sin embargo, estas cifras sólo reflejan la brecha entre las personas asalariadas y, por lo tanto, no pueden considerarse como un punto de referencia para la desigualdad de género en general (Commission européenne, 2020). Cabe señalar dos elementos: en primer lugar, es fundamental comprender y ampliar la definición para incluir tanto el trabajo formal como el informal, debido a que la mayoría de los estudios se basan en el análisis formal del mercado de trabajo, mientras que las mujeres están empleadas con mayor frecuencia en el mercado informal (Elías y Louth, 2016). En segundo lugar, la brecha salarial entre los géneros cumple una norma bidimensional, en la que la brecha salarial entre los géneros tiene en cuenta no sólo el hecho de que, en promedio, las mujeres ganan menos que los hombres, sino que existe un efecto de grupo que explica por qué los salarios medios son más bajos en las industrias o en los empleos en los que la proporción de mujeres es mayor (Palomino y Peyrache, 2010).

El enfoque del desarrollo analiza la brecha salarial entre los géneros. Si no se cierra la brecha, se compromete no sólo el crecimiento y la competitividad de las empresas, sino también el desarrollo social a nivel de los hogares y a nivel internacional (Commission européenne, 2020).

Hoy en día, el debate se ha centrado en dos puntos principales. La literatura académica muestra que las diferencias salariales responden a variables sociales y culturales arraigadas en la sociedad. Así pues, estos estudios ponen en tela de juicio la idea de que las diferencias salariales se deben al mayor costo de emplear a mujeres en las empresas debido a la maternidad (Organización Nacional de la Mujer, 2017). Sin embargo, los estudios han demostrado que la brecha salarial entre los géneros en países ricos como Suiza existe incluso antes de que las mujeres queden embarazadas (Combet & Oesch, 2019) o incluso que las oportunidades de empleo cambian la preferencia de las mujeres con respecto a las decisiones de casarse y tener hijos en países en desarrollo como la India (Jensen, 2012).

En términos más generales, las distinciones entre hombres y mujeres no sólo son físicas y biológicas, sino también culturales, y contribuyen a diferenciar la experiencia individual de la vida. Estas distinciones son construidas por la sociedad y conducen a desigualdades.  Uno de los principales enfoques teóricos utilizados por la Economía Política Internacional (EPI) para analizar las cuestiones relativas a las diferencias estructurales entre mujeres y hombres es el feminismo. En su versión liberal, el feminismo se centra en la necesidad de añadir a las mujeres a la ecuación, teniendo en cuenta el hecho de que constituyen la mitad de la población mundial. Aboga por el desarrollo de la igualdad de derechos para todas las mujeres sobre la base de los derechos humanos. Por otra parte, tiende a oscurecer los elementos estructurales que producen y reproducen la dinámica de poder y la dominación patriarcal en el sistema internacional. Por el contrario, el feminismo postestructuralista tiene por objeto precisamente vincular el sistema internacional a la dinámica de género de subyugación, dominación y poder en los discursos y procesos de producción de conocimientos, incluso en el ámbito de la EPI.

Es necesario tener en cuenta el hecho de que la brecha salarial entre los géneros ha evolucionado con el tiempo y ha adquirido mayor importancia a nivel internacional. Aunque a menudo se cree que esta problemática comenzó en la década de 1960, las luchas por la igualdad de remuneración comenzaron en la Primera Guerra Mundial, cuando las mujeres se hicieron cargo del trabajo de los hombres y se movilizaron en masa en las líneas del frente, sin recibir la misma remuneración. En la década de 1960, las demandas de igual salario por igual trabajo se basaron en una entrada masiva de mujeres al mercado laboral. Por ejemplo, la administración estadounidense bajo la presidencia de Kennedy aprobó la Ley de Igualdad Salarial en 1963 como parte del programa Nuevo Programa Frontera con el objetivo de reducir la brecha salarial entre los sexos. Luego, en 1970, le tocó al Reino Unido aprobar la Ley de Igualdad Salarial. Otros países han aprobado leyes similares, que también incluyen asociaciones públicas y privadas para fomentar la creación de capacidad para las mujeres o el establecimiento de cuotas para las mujeres en las empresas y en los puestos gubernamentales de alto nivel (Timpson, 2019; Krook y Norris, 2014). Esta cuestión es ahora parte integral de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS).

Hay muchas razones por las que hoy en día siguen existiendo diferencias salariales entre los géneros, como los prejuicios contra las madres trabajadoras, la educación, las expectativas sociales y la segregación ocupacional. Sin embargo, debe señalarse que las diferencias de remuneración varían considerablemente de un país a otro. Según un informe publicado recientemente por la Organización Internacional del Trabajo (2019), la brecha salarial de las mujeres puede explicarse por la interconexión de las tres dimensiones siguientes: 1) el reparto desigual de las responsabilidades familiares, 2) el hecho de que las mujeres trabajen en empleos y sectores mal remunerados, y 3) la discriminación que sufren directamente en el lugar de trabajo. Se han hecho algunos progresos a este respecto, pero queda mucho por hacer.

Daniel Bedoya 

Alae Chahboun

Martiño Neira

David Ries

Daniela Sena Rojas 

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La Economía Política de la Carne es un sitio transdisciplinario, ya que combina la economía, la ciencia política, la agronomía y la ecología política.

El incremento de la población humana se espera que crezca a más de 9.000 millones de personas en 2050, según las Naciones Unidas. El aumento de los ingresos medios y los cambios en las pautas de consumo provocados por la urbanización han dado lugar a un cambio global en los hábitos y la dieta con respecto a la cantidad de proteína animal consumida per cápita (Porkka et al., 2013; Tilman y Clark, 2014).

Se observa una transformación de los hábitos alimentarios entre los distintos países del mundo -que se sabe varían de una población a otra en función del clima y de las propiedades histórico-culturales-. pero este cambio no es homogéneo, sino que está fuertemente modulado por la posición en la organización económica mundial. En 2009, por ejemplo, la demanda en los 15 países con los niveles más altos de proteína animal era un 750% más alta que en los 24 países más pobres, al mismo tiempo que mil millones de personas sufrían de nutrición insuficiente e inadecuada (Tilman y Clark, 2014).

Según el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2019), el consumo mundial de carne aumentará exponencialmente para 2050. Esta nueva composición de las dietas, por sus consecuencias, puede ser problematizada desde la perspectiva de una “triple amenaza” (Katz-Rosene y Martin, 2020) la degradación del medio ambiente, el aumento de las desigualdades sociales, y los riesgos para la salud.

Por un lado, gran parte del impacto ambiental global de la carne se atribuye al sector ganadero, responsable del 8 al 18% de los GEI, así como de la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo y la deforestación. En países como Brasil, esto ha dado lugar a la conversión de tierras en tierras cultivables para la producción masiva de cereales y soja, con el fin de alimentar al ganado. Según De Sy (et al., 2013), el 71% de la conversión de la selva tropical en América del Sur fue para ganado y el 14% para cultivos comerciales, incluyendo la soja para la alimentación animal. Además, la agricultura representa el 70% del agua total utilizada para el riego de los campos – la fase de la cadena en la que, debido al uso intensivo de pesticidas y fertilizantes, los productos cárnicos tienen su mayor impacto-, a pesar de que a menudo se asume intuitivamente que las externalidades más preocupantes para el ecosistema se encuentran durante el procesamiento, el almacenamiento, la distribución y el transporte (Nemecek et al., 2016).

La segunda amenaza es el aumento de las desigualdades sociales, la cual puede ser conceptualizada en términos de “seguridad alimentaria”. Esta noción nos permite destacar que la creciente injusticia alimentaria observada, entre y dentro de los países, no se limita de ninguna manera a la disponibilidad de productos ricos en nutrientes, en un territorio determinado, sino que debe entenderse en relación con el acceso, uso y estabilidad de esos productos. Según Porkka et al., (2013), aunque la disponibilidad de los alimentos en el mundo ha aumentado tanto en términos absolutos y relativos gracias al aumento del comercio mundial, este comercio no es simétricamente benéfico para los países que exportan y los que importan. Una vez más, una injusticia crece: mientras que en el Medio Oriente, África del Norte, África del Sur, América Central y Europa del Este, hay una tendencia al aumento de las importaciones de alimentos, unos pocos países, principalmente Australia, Argentina, Estados Unidos y Canadá, dominan el mercado de la exportación. En resumen, “el aumento del comercio de alimentos no mejora en absoluto la disponibilidad de alimentos” (Porkka et al., 2013). Otro ejemplo es el de países como China y Brasil, cuyo creciente consumo de carne en las últimas dos décadas y el enorme potencial de poder adquisitivo de sus poblaciones tendrán importantes implicaciones para la política y la economía mundial (ibíd. y Liu y Deblitz, 2017).

Por último, este cambio estructural, combinado con el aumento de los salarios y la urbanización, una tendencia creciente en todo el mundo en los últimos cinco decenios, está creando enormes problemas de salud, ilustrados por tres enfermedades crónicas no transmisibles pero muy difundidas: las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y ciertos tipos de cáncer. Esto se suma a los más de 2.000 millones de personas en todo el mundo que tienen sobrepeso y son obesas, cifra que aumenta diariamente (Tilman y Clark, 2014). Así pues, si bien es cierto que el 80% de las muertes por enfermedades crónicas ocurre en países de bajos ingresos, este fenómeno afecta a la mayoría de los países independientemente del estado de su desarrollo económico (Lock et al., 2010).

Estas consideraciones ilustran que el consumo y la producción de carne se encuentran en la encrucijada de cuestiones sociales, económicas, medioambientales y políticas. Por lo tanto, es correcto argumentar la relevancia heurística de una verdadera Economía Política Internacional de la carne. Por consiguiente, la pregunta clave no es tanto “por qué comemos carne”, sino “por qué consumimos tanta carne”. “(Fiddes, 1991). En resumen, la comprensión de las proporciones gigantescas de esta producción de alimentos de origen animal se debe a su concepción en términos de economía política de la carne: algunas personas señalan que en un régimen capitalista, el propósito de esto no es producir carne per se, contrariamente a la intuición común, sino más bien generar beneficios. Así, tanto la sobreproducción de carne como los enormes residuos que se derivan de ella son inteligibles si se consideran bajo el prisma de la disociación entre valor de cambio y valor de uso. Además, como siempre, la extorsión del valor producido se consolida con una configuración ideológica particular: donde el racismo había permitido que el capitalismo se expandiera enormemente debido a su justificación de la esclavitud, donde el sexismo permite una devaluación radical del trabajo de las mujeres, la economía política de la carne, en su forma capitalista, depende de la ideología del especismo, que cosifica  radicalmente a los individuos no humanos, y por lo tanto permite tanto su explotación como su mercantilización (Lündstrom, 2019: 99-100).

Vídeo : La OMS alerta de que el consumo de carne procesada es cancerígeno. www.efe.com (n.d.)

Vídeo (francés) : Faut-il arrêter de manger de la viande ? Le Monde.fr (2015)

Laura Ballesteros Chitiva

Carlo Balzaretti Lascurain

Vanessa Bonillat

Romain Borcard

Lucia Carcano

Guillaume Dreyer

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Los cárteles son acuerdos entre productores que tienen implicaciones sobre el precio y la libre competencia. La literatura especializada ha discutido sus consecuencias negativas y positivas en el consumidor y el libre mercado, mientras que los Estados y Organizaciones Internacionales buscan su regulación.

Los cárteles son acuerdos, implícitos o explícitos, entre productores del mismo sector, tanto a nivel nacional como internacional “con el objetivo de limitar la producción, fijar precios, asignar mercados, determinar las cuotas de ventas, fabricación y distribución y repartir los beneficios entre cada miembro” (Delpirou & Mackenzie, 2000). Los cárteles tienen múltiples implicaciones para los mercados económicos y la sociedad en general. Por una parte, pueden estimular la innovación y el progreso o, por otra, pueden generar una práctica anticompetitiva, como un aumento artificial de los precios. Además de las repercusiones económicas en la formación de cárteles, particularmente en la libre competencia, también tienen un impacto social porque crean obstáculos artificiales que obstaculizan la formalización, el espíritu empresarial y la creación de empleo.

Los cárteles están sujetos a un complejo sistema jurídico de múltiples niveles. La regulación competitiva de los mercados “es en sí misma híbrida, tomando prestado de la ley, la economía y la conducta de las políticas públicas” (Dewost, Lasserre y Saint-Esteben, 2012). Las regulaciones en su mayoría son nacionales, las cuales establecen los límites entre la legalidad y la ilegalidad de los acuerdos. A nivel internacional, en Europa se encuentra una fuente normativa en la constitución de la Unión Europea. Según el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento, un cártel es legal si los acuerdos “contribuyen a mejorar la producción o la distribución de los productos o a promover el progreso técnico o económico, permitiendo al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante” (Diario Oficial de la Unión Europea, 2008). De hecho, las autoridades públicas pueden legitimar los cárteles, lo que sería sinónimo de estabilización y modernización económica (Barjot citado por Didry y Marty, 2016).

Debido a la dificultad de observar acuerdos económicos efectivos -los cárteles son por naturaleza prácticas secretas- los jueces prefieren trabajar con cautela y no aplicar sanciones mecánicas. La Comisión Europea actúa de esta manera según dos criterios: “competencia suficiente” y “progreso económico”. De hecho, la Comisión evalúa si el cártel infringe realmente la competencia y si “contribuye lo suficiente al progreso económico y social para compensar las infracciones de la competencia que implica” (Delpirou y Mackenzie, 2000). Así, “a través del control de los comportamientos (prácticas anticompetitivas), pero también de las estructuras (fusiones), el derecho de la competencia es, por lo tanto, un instrumento para proteger el interés general”. (Dewost, Lasserre y Saint-Esteben, 2012).

A nivel internacional, los países suelen tener autoridades nacionales similares, muchas de ellas haciendo parte de la Red Internacional de Competencia, cuyos proyectos se centran en “la lucha contra los cárteles y los abusos de posición dominante; el control de las fusiones y otras cuestiones de política de competencia son preparados por varias autoridades de competencia en grupos de trabajo, que los supervisan y debaten en conferencias anuales. Este trabajo puede dar lugar a informes, mejores prácticas, entre otras cosas (Autorité de la concurrence, 2019).

Uno de los debates más interesantes se sitúa entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia del derecho de la competencia que se hace visible entre los defensores y los detractores de las prácticas de los cárteles. Un defensor es el economista americano-austriaco Joseph Schumpeter, el cual afirma que los cárteles protegen a las empresas más débiles mediante la distribución de riesgos y la estabilización de los mercados, lo que indirectamente protege los intereses de los consumidores. Además, Schumpeter y el economista francés Jean Magnan de Bornier sostienen que la creación de monopolios debido a los cárteles empuja la innovación a través de los mayores beneficios que generan frente a las empresas competitivas. Además, los cárteles no tienen que defender su posición y, por lo tanto, pueden dedicar tiempo y dinero a la innovación sin temor a perder su monopolio. Sin embargo, críticos como el economista William Fellner creen que los cárteles están menos comprometidos con la innovación que las empresas competitivas porque, contrariamente a lo que afirma Bornier, los beneficios serían menores. Finalmente, los cárteles no serían compatibles con una visión del mundo moderno y capitalista, ya que socavarían los principios del liberalismo basado en el libre mercado y la libre competencia (Delpirou y Mackenzie, 2000).

La perspectiva de la economía política internacional sería, entonces, relevante para analizar este fenómeno relacionado con los temas económicos. De hecho, su prevención y desmantelamiento requiere la intervención de actores que van más allá de las empresas transnacionales, tales como la sociedad civil, las ONG o los tribunales. En ese sentido, las autoridades públicas deben garantizar un equilibrio entre las normas de competencia y la protección del orden público (económico).

El marco jurídico transnacional no es lo suficientemente claro y preciso como para enjuiciar y castigar las violaciones cometidas por empresas que acuerdan ilegalmente y/o constituyen acuerdos internacionales. Desde la economía política internacional se cuenta con las herramientas académicas que permiten abordar el estudio y el entendimiento de todo lo que está en juego en torno a este fenómeno híbrido tomado del derecho, la economía y las políticas públicas. Una amenaza y un riesgo global como el de los cárteles transnacionales no pueden ser combatidos únicamente por la legislación local, es en este sentido que un marco jurídico internacional podría ejercer una medida vinculante para los acuerdos internacionales. El ejemplo de la sentencia en Primera Instancia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas destaca las relaciones de poder e interacciones entre los cárteles.  Tras las investigaciones, las autoridades acusaron a empresas establecidas en los Estados Unidos de formar un cártel entre 1992 y 1995 en el mercado de los complementos alimenticios.  La Comisión observó “la existencia de una serie de acuerdos que abarcan todo el EEE (Espacio Económico Europeo) sobre precios, volúmenes de venta e intercambio de información individual durante 1990 y 1995. “Este acuerdo se basa en una relación de poder entre las distintas partes adherentes. La Comisión impuso multas diferenciales e conformidad con el artículo 15 del Reglamento; a pesar de la gravedad de la infracción. De hecho, el importe de las multas dependía de la duración de la participación en el cártel y de las circunstancias. En su decisión final, la Comisión asignó un importe total de multas de alrededor de 110 millones de euros que luego se redujo sustancialmente por recursos de apelación. En consecuencia, se observa que la ley y las diversas sanciones relacionadas con ella no se aplican plenamente (Comisión de las Comunidades Europeas, 2003).

Luis Fernando Cruz Araujo

Kenza Kebaili

María Valentina Leal Torres

Caroline Lot

Laura Ponce

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